Caso Bravo: "No se respetó el principio de inocencia y se tomaron decisiones antes de la condena"
Por pedido de familiares del oficial sancionado e investigado por el accionar en el arresto de Leandro Bravo se hicieron presentes integrantes de una asociación civil de empleados policiales y penitenciarios.
CHARATA (Agencia) Mientras continúa la investigación, tanto judicial como policial (interna) por la muerte de Leandro Bravo, ocurrida tras un arresto, el presidente y el asesor legal de la Asociación Civil, defensor, familiares, amigos, policías y penitenciarios de la provincia del Chaco llegaron a Charata, señalando que desde el Estado no se está respetando la "presunción de inocencia", con las medidas administrativas tomadas.

Jorge Duarte, presidente de la institución comentó que se presentaron en la Comisaría Primera de Charata "por pedido de los familiares de nuestro camarada, al cual Derechos Humanos quiere involucrar en un supuesto homicidio".
"Vinimos a hablar con familiares y camaradas, sobre esta situación gravísima, donde el personal también tiene derecho a defenderse. Siempre la primera medida es separarlo del servicio con retención de haberes, y estamos en contra de esa medida, porque si le cortan el sueldo al personal policial cae toda la familia", agregó.
"Primero se tiene que investigar, y después condenarlo, no condenar de entrada en sus derechos. Eso es lo que repudiamos; porque viene un grupo defensor de Derechos Humanos y se toman medidas como estas sobre el personal policial", indicó
En tanto que Mario Villafañe, abogado de la Asociación manifestó "esto es una tragedia, lo reconocemos, pero el acto del proceder policial hay que analizarlo de forma puntillosa, y eso involucra la faz administrativa que se adelantó a juzgarlo tomando una medida que perjudica al personal sin tomar en cuenta el principio de inocencia".
Villafañe remarcó que "la autopsia va a hablar y definir el motivo del deceso de esta persona", pero insistió –sobre las medidas tomadas- "vemos que hay ya hay un castigo y un prejuzgamiento, pero esto viene de hace años. El Estado está ausente para darle al personal policial las garantías de ser juzgado como cualquier ciudadano, pero el accionar de la faz administrativa se contrapone con esto. No decimos que no se investigue. Los Derechos Humanos deben defender a todos, porque los policías también son humanos, y estos organismos los crea el Estado. Cada trabajador policial trabaja por un sueldo, y sacárselo de forma prematura, juzgándolo ya, por una situación que aún no tiene condena va en contra de sus derechos. No se respeta el principio de inocencia"
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