Caso Leandro Bravo: La Fiscalía de Derechos Humanos investiga el hecho como muerte dudosa
El Comité para la prevención de la tortura, se constituyó en querellante, al igual que la familia
CHARATA (Agencia) La muerte de Leonardo Bravo, tras un arresto policial, tomó un nuevo giro este viernes, tras la inhibición del fiscal Hugo Baigorri de la causa. La Fiscalía 1, a cargo de Elio Mari, elevó las actuaciones a la fiscalía de Derechos Humanos de Presidencia Roque Sáenz Peña.
La muerte de Leonardo Bravo de 37 años, el pasado sábado, luego de un arresto, cuya causa había sido informada por las autoridades policiales como "paro cardiorrespiratorio no traumático, sin lesiones resientes", tomó un giro importante luego de las declaraciones públicas de Romina Aguirre, testigo del hecho y la inhibición del fiscal de Hugo Baigorrí.
Elio Mari, fiscal a quien pasó la causa, el viernes elevó la misma a la Fiscalía de Derechos Humanos que funciona en la ciudad de Sáenz Peña desde el año 2015, y está a cargo de Silvia Mariela Sluzar.
En tanto que Romina Aguirre, testigo principal del hecho fue citada por el OCI (Organismo de Control Institucional) para prestar declaraciones en las próximas horas. El OCI funciona para asuntos internos de la policía, sólo en lo administrativo no en lo penal.
Intervención del Comité para prevención de tortura
"A partir de un sistema de guardia que tenemos, recibimos el reporte del caso, constatamos algunas pruebas para constatar la veracidad de los hechos, y luego contactamos a la familia y vinimos a Charata para hablar con ellos, las pruebas, ver los lugares donde ocurrieron los hechos –ya que hay varios- que terminaron en la muerte de este joven", explicó la licenciada Ariela Alvarez, presidenta del Comité para la prevención de la Tortura en Chaco.
"El miércoles hicimos una presentación a la Fiscalía 3, para que la causa sea derivada a la Fiscalía de Derechos Humanos, porque este tipo de hecho lo encuadramos en lo que denominamos muerte en custodia, que sería una muerte con características dudosas, es una responsabilidad del Estado demostrar que no tuvo participación o que la muerte no se produce por maniobras ilegales", agregó.
En tanto que el vicepresidente del organismo, Kevin Nilsen indicó que el lunes se constituirán en querellantes, al igual que ya lo hizo la familia, para poder proponer medidas de investigación y de prueba. "Estos casos a veces quedan librados a lo que pueda hacer la familia, y a diferencia de los delitos de otra índole, la los fiscales de Derechos Humanos no pueden contar con la policía para que investigue a la propia institución. Nosotros vamos a exhortar la aplicación del protocolo Minnesota, que se utiliza en investigaciones extrajudiciales con lo cual se aparta a la fuerza investigada, es decir la Policía del Chaco, por lo cual solicitaremos colaboración a la Gendarmería Nacional. Además vamos a acompañar a la familia con la propuesta de testigos que contrarían las primeras declaraciones y evaluar la posibilidad de una segunda autopsia", explicó.
Sobre la situación de los policías involucrados, Nilsen dijo "están siendo investigados por el OCI (Órgano de control institucional), órgano interno de la institución que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia, que tiene un sumario abierto, sobre cuestiones disciplinarias internas. Pero en el ámbito judicial no se han tomado declaraciones ni se impulsaron investigaciones para investigar a la policía, por eso la Fiscalía de Derechos Humanos debe intervenir inmediatamente Esto implica medidas de pruebas rápidas que no se hicieron, por lo cual nosotros vamos a pedirlas a la fiscalía".
Sobre las primeras impresiones que se tienen del hecho, Nilsen manifestó "en principio, lo que podemos adelantar es que habrían ocurrido irregularidades en el marco de la detención, más allá de la causa de muerte"
