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Sergio Schneider

Columnista

En órbita

A una semana de las elecciones generales, las especulaciones, análisis, pronósticos y apuestas abundan.

Los interrogantes son los mismos que los del día después de las PASO del 12 de septiembre, aunque el mayor de todos ellos es qué sucederá con la situación política, económica y social del país una vez que los resultados de los comicios estén a la vista y sepamos quiénes son los ganadores y los perdedores. Algo que, frente a la realidad que nos rodea, se convertirá rápidamente en un detalle irrelevante.

La ansiedad por conocer qué habrá más allá del 14 de noviembre no es un acto de simple curiosidad. Hay una sensación bastante extendida –que de seguro influyó de manera importante en las primarias de dos meses atrás- de que la decadencia de la Argentina llegó a un punto de quiebre, frente al cual las opciones son básicamente dos: dejarse llevar por la tormenta, y luego ver en qué punto del océano nos deja, o asumir la gravedad del cuadro y tomar decisiones a su altura.

Mientras tanto, oficialismo y oposición juegan sus partidas de campaña con tácticas naturalmente contrapuestas pero con estrategias de polarización que, en el fondo, apuntan a lo mismo: empujar al electorado a elegir entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sin considerar otras alternativas.

Ambos confían en que ese esquema binario los favorecerá. El precio de ese recurso no es menor. Entre otras consecuencias, dinamita las chances de un entendimiento de fondo (posiblemente el reclamo que mayor grado de permanencia ha tenido en la sociedad durante estas décadas de democracia) y porque de la mano de esta costumbre el show boxístico lo domina todo. Casi lo único que importa es lo que sucede arriba del ring, y es muy poco lo que queda para los espectadores antes y después de ver a uno tirando al otro sobre la lona.

El acuerdo que no fue

En el Chaco, desde finales de 2020 hubo dirigentes que encararon un proyecto de acercamiento entre gobierno y oposición. La idea era un acuerdo básico sobre políticas de Estado que trascendieran a los cambios de gestión, y al que le pusieran el cuerpo Jorge Capitanich, en su condición de gobernador y principal referente del peronismo, y Ángel Rozas, que ya no domina todo el escenario del radicalismo pero continúa siendo su figura más importante.

Anudando un entendimiento por esas puntas, se pensó en un pacto político que podía volverse más amplio, sumando eventualmente a las estructuras formales del PJ y de la UCR, a otros sectores políticos y –por qué no- a entidades empresarias, sindicatos y movimientos sociales.

Por supuesto que la iniciativa era pretenciosa, pero aun la hipótesis más módica -un compromiso público de solamente los dos caudillos- se evaluaba como una señal potente. Capitanich y Rozas dieron un primer guiño a los encargados de ponerlos al tanto de la movida. Sin embargo, el plan se fue enfriando por diversas circunstancias.

Algunas fortuitas, como la convalecencia –en el verano- del exgobernador radical por coronavirus. Otras, previsibles y más de fondo: a medida que 2021 fue desplegándose, el calor electoral se fue elevando y eso se combinó con la crisis económica y los entuertos internos para acentuar el distanciamiento entre gobernantes y opositores. El resultado es la campaña que vemos, con la descalificación como principal herramienta.

"Tendrá que quedar para después de las elecciones", se encogieron de hombros entonces los operadores del intento. Pero el problema ahora es que ese después es difícil de imaginar como terreno propicio para un acuerdo como el imaginado. Ya no solamente por el punto al que las fracciones protagonistas llevaron la confrontación, sino además porque el manual que aplican ambas le negará toda lógica.

Si Capitanich gana el domingo próximo, logrando la hazaña de revertir la derrota de las PASO, volverá a sentir que el Chaco le queda pequeño y la conclusión que sacará el oficialismo será que lo que más rinde en términos electorales es fusionar gobierno y partido para convertir a la criatura resultante en una aplanadora. Y el radicalismo, herido y humillado por la pérdida de una conquista que parecía al alcance de la mano, se replegará en el pase interno de facturas y un endurecimiento de la relación con el Ejecutivo.

En tanto que si dentro de siete días lo que sucede es que el Frente de Todos vuelve a perder, una convocatoria del gobernador al diálogo parecerá un acto de debilidad definitiva, ante lo cual es improbable que la oposición renuncie a la tentación de preparar el golpe final y de dejar que el justicialismo termine de consumirse en su propio incendio.

Es decir que el mejor momento para alcanzar un consenso concreto (sobre cuestiones tan relevantes como, por citar solamente dos, la educación y la generación de empleo en la provincia) ya quedó atrás. Debió ser mucho antes de la campaña. Podrá haber otra oportunidad, quizá, mucho después. Cuando hayamos obtenido una dirigencia más inclinada al interés general o cuando un colapso empuje a la actual, como en 2002, a ocuparse de verdad de las cuestiones que importan.

La espuma estatal

Por lo pronto, escarbar en ciertos datos permite ver cuán fantasioso es pensar que la desgraciada situación actual del país es el resultado de una maldición bíblica o de la conspiración de todas las potencias del mundo contra la Argentina. Los números difundidos la semana pasada sobre la creación de empleo público y privado, por caso, son reveladores.

En la última década, mientras que los empleados formales del sector privado pasaron de ser en todo el país 6,1 millones de personas, en 2012, a 5,8 millones en 2021, la curva de los empleados formales del sector público (nación, provincias y municipios) fue absolutamente inversa: pasó de 2,5 millones de agentes en 2012 a 3,3 millones en la actualidad.

Es decir que en los diez años que pasaron, el empleo privado cayó un 4% a la par que el empleo público crecía un 29. Otra forma de verlo es que por cada persona que se quedó sin trabajo en la actividad privada hubo otras tres que eran incorporadas al Estado. Si tomamos tramos más próximos para la comparación, los números también asombran.

En agosto de este año la cantidad de empleados privados mostró un incremento del 2,1% con respecto al mismo mes de 2020 (un punto de referencia todavía muy afectado por la pandemia), mientras que en el mismo segmento de tiempo el empleo estatal subió más: un 2,9.

Todo esto se torna más insostenible si se tiene en cuenta que no estamos hablando de una década de expansión y crecimiento, sino todo lo contrario: una etapa en la que prácticamente el país no creció y fuimos deslizándonos por una crisis que se iba agudizando, matizada con algunas ondas que se confundían con recuperación pero eran apenas pausas antes de un nuevo descenso más marcado que el anterior. Mientras esto sucedía, en órbita alrededor de ese mundo los administradores del Estado decidieron que en su burbuja la vida sería bella.

El panorama sobre la cuestión laboral aplica también para el Chaco, donde la plantilla estatal tuvo una evolución de aceleramiento progresivo. Los estatales formales eran 28.134 en 1984 (el primer año de democracia tras la última dictadura), la cifra ascendió a 37.964 en 1990, no se movió mucho en la década siguiente y llegó a 40.897 en 2000, para saltar a 49.115 en 2010.

El proyecto de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo para 2022 contiene un total de 69.263 cargos, lo cual incluye algo más de 1.700 agentes temporarios, aunque no está allí una cantidad incierta de otras formas de empleo público fabricadas en los últimos veinte años, como becados y otras etiquetas.

Aunque este cuadro suele ser presentado como un generador de efectos virtuosos (como cuando se destaca que la inmensa masa salarial que insume cada mes el empleo público se derrama en consumo interno), la verdad irrefutable es que se trata de una práctica de posicionamiento político-electoral que obliga a volcar un volumen descomunal de recursos en fines sin efectos productivos, y que se retrae de otros destinos que ayudarían de verdad a dinamizar la economía y a generar trabajo genuino.

Con el aditamento de que semejante nivel de gasto no se traduce en una mejor calidad de servicios esenciales -como el educativo o el sanitario- y de que la superpoblación de personal se convierte en carencia justo en las áreas más críticas. Es apenas una de las cuestiones de las que podrían hablar, si se sentaran a hacerlo y desistieran de tanta sobreactuación, los dirigentes y partidos que recibieron –a su propia solicitud- la misión de canalizar las opiniones y expectativas de la comunidad.