Desdoblan el reclamo judicial contra el presupuesto y patentazo

Luego de un arduo trabajo los ediles opositores presentaron ayer una demanda judicial para frenar el presupuesto y en los próximos días actuarán contra el patentazo.

La demanda contra el presupuesto se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y, además de pedir la inconstitucionalidad, solicitaron una medida cautelar. Y para atacarla remarcaron, entre otras cosas, el procedimiento empleado para aprobar la ordenanza.

El presupuesto fue sancionado poco antes de que finalice el año 2020 en una sesión relámpago donde la oposición no pudo expresarse.

También atacarán el contenido de la norma. Más concretamente el artículo cinco que establece: “Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar el presupuesto general y sus anexos, adecuando las partidas presupuestarias específicas, cuando sea necesario”.

Para opositores este artículo le da superpoderes al intendente y se delegan facultades del Concejo al intendente, algo que está prohibido en la Carta Orgánica. “Puede modificar todo lo que quiera con esta ordenanza”, expresaron ayer los concejales que optaron por la vía judicial ante la imposibilidad de sesionar en forma extraordinaria.

Mientras que la otra presentación se realizará ante el fuero contencioso administrativo, donde hay antecedentes importantes contra el impuestazo.

Ahora la idea es también frenar el patentazo que generó un gran enojo de los conductores resistencianos.

Consideran que el fallo contra el impuestazo marcó un antecedente, y como los hechos concretados por el oficialismo fueron similares, es posible que se aplique el mismo remedio.

Todas estas medidas judiciales se concretarán poco antes de que comience el período de sesiones ordinarias, pero llama la atención que hasta ahora desde el gobierno comunal no trataron de ofrecer alternativas para quienes no pueden pagar la patente.

Resulta que las patentes que se cobran a los autos nuevos o seminuevos están entre las más caras del país.

Esto provocaría nuevamente una fuga importante de contribuyentes que radicarían sus vehículos en comunas vecinas, algo que ya pasó cuando estuvo vigente, hace años, una normativa.