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Esperan una respuesta de la Justicia contra el impuestazo capitalino

Ya hay acciones de amparo que buscan frenar la aplicación de la normativa. De igual manera otros vecinos intentarán dialogar con el ombudsman provincial, Gustavo Corregido.

La presentación que realizó el vecino Mariano Moro abrió un nuevo frente contra la ordenanza general tributaria de la comuna capitalina, que generó una fuerte polémica por los incrementos que estableció. 

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El reclamo vecinal contra la ordenanza generó una tormenta en la municipalidad.

Al mismo tiempo un grupo de vecinos espera dialogar hoy con el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, que aún no pudo determinar si está legitimado a actuar ante la existencia de dos ombudsman comunales.

A su vez hay otro grupo de vecinos que estarían en condiciones de avanzar con más medidas judiciales, lo que generaría una multiplicidad de acciones que buscan lo mismo: frenar el impuestazo.

Ahora hay que tener encuenta que los fallos que puedan surgir no tengan un alcance colectivo sino que sólo beneficie a quienes iniciaron la demanda y, por lo tanto, no todos se beneficien por las sentencias.

De igual manera, Moro adelantó que él realizó las presentación pertinentes para que su acción pueda tener el carácter de colectiva, así todos los vecinos que quieran puedan adherirse al mismo proceso.

Ayer, pese a que era domingo, algunos analizaron la posibilidad de adherirse al amparo ya presentado por Moro ante la sala segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

MÁS RECHAZOS

También se sumó la semana pasada el rechazo a la ordenanza del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia. “En vista del desproporcionado aumento tributario que trae como consecuencia, en un contexto de aguda crisis económica, reconocida por el propio Estado mediante las declaraciones de emergencia dictadas en los órdenes federal, provincial e incluso municipal”, indica el comunicado emitido por la organización que preside Ricardo Urturi.

“Resulta excesivamente gravoso para los ya disminuidos patrimonios privados, adicionarles una desproporcionada carga tributaria que implica reducir todavía más la capacidad adquisitiva o de inversión de las personas privadas. Por ello nos sumamos a los pedidos que se han formulado a las autoridades municipales para que se reconsidere esta decisión, reajustándola a parámetros razonables y soportables, a fin de evitar un perjuicio mayor de los supuestos beneficios que se persiguen con la medida desproporcionada”, añadieron los abogados.

De la misma manera se expresaron también los vecinos, algunos de los cuales ven en los estrados judiciales la posibilidad de frenar esta suba que consideran más que desproporcionada.

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