Denuncian el aumento de la violencia institucional en la Comisaría Cuarta

El Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes (C.P.T.Ch) hizo pública su preocupación por “los reiterados hechos generados por parte de agentes de la Comisaría Seccional Cuarta de Resistencia y el aumento de la violencia institucional por parte del Estado”.

 Relató en un documento que el “viernes 1 de marzo de 2019 en el marco de una aprehensión por resistencia a la autoridad son detenidas tres personas que fueron conducidas a esa unidad policial”.

 Agregó que “al intervenir el señor Egidio García, vicepresidente del Comité de Prevención de la Tortura, y el secretario, doctor Silvio Del Balzo, se comunican con el fiscal 4, doctor Jorge Cáceres, quien les confirma esta versión y con la doctora Baldovino, que estaba a cargo de la Defensoría Pública en ese momento”.

 Ante esto precisó que “luego García y Del Balzo se presentan en la Seccional Cuarta y al realizar las actuaciones establecidas en el protocolo ven que en el interior de la cocina del establecimiento había una persona en cuclillas, con marcas visibles de golpes, esposada y contra la pared, violando las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. En ese momento los miembros piden que se le quiten las esposas y solicitan el libro de guardias y nómina de detenidos”.

 Continuó señalando que “cuando el doctor Del Balzo estaba controlando el libro se acerca un policía, sin identificación a la vista, y lo cierra violentamente generando una discusión y desconociendo los alcances, las facultades y normativas de la Ley 1798-B (antes Ley 6483) del Comité de Prevención de la Tortura negándose a dar la información requerida y tratando violentamente a los miembros del C.P.T.Ch”.

 Recordó el organismo institucional que “esta ley refleja la voluntad política de los tres Poderes del Estado de colaborar con el Comité y que están vigentes las leyes que receptan los estándares de Naciones Unidas, la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos y los Principios de Actuación para la Policía incorporados a la Ley de Seguridad de la Provincia del Chaco Ley N° 2011-J (antes Ley N° 6976)”.

 Mencionó además en la denuncia pública que “esta situación trascendió a nivel nacional” y condenó “los hechos de violencia institucional por parte de funcionarios públicos ya que se trabaja por generar canales de diálogo y articulación para erradicar esta práctica estructural, buscando promover políticas públicas respetuosas de los derechos humanos porque el Estado es el responsable de prevenir, sancionar y evitar la violencia institucional”.