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Ley de semillas: entre la soberanía y la licencia de multiplicación

Un fuerte debate comienza a darse en todo el país a partir de lo que pretende ser la ley de semillas. Hay distintos enfoques y en es necesario establecer que aún no hay un debate profundo, sectorizado, porque cada cultivo, como es el caso del algodón, juega roles diferentes a la semilla para otros cultivos. Así, cada segmento necesita una discusión de ideas, y los señores legisladores ni tampoco el gobierno nacional deben priorizar el valor de la semilla y no que este proyecto sea la moneda de cambio en términos políticos, de cara a un 2019 plenamente electoral.

A la par, es interesante determinar la representatividad real de algunas entidades que estuvieron o están vinculadas al campo, para que el productor pueda tener participación a través de sus representantes genuinos en un tema que va más allá del 2019 donde vuelven a elegirse presidente, gobernadores y legisladores. 

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La idea es, entonces, establecer algunas opiniones sobre este tema, para ir introduciéndonos en este tema como es la ley de semillas.

La postura de FAA

En este sentido, la Federación Agraria Argentina acusó al Gobierno de "regalar la soberanía productiva", en obvia alusión a que el gobierno nacional llegó a un acuerdo con el resto de la Mesa de Enlace y las semilleras. Las internas entre las entidades rurales nucleadas en la Mesa de Enlace y el Gobierno nacional estallaron tras un duro comunicado emitido por Federación Agraria (FAA), según publico La Política On Line, en el que acusa a la Casa Rosada de "regalar la soberanía productiva".

Para la entidad federada, el supuesto acuerdo de "mayoría" que presenta el Gobierno contempla "la eliminación de los derechos de los productores de ejercer el uso propio de la semilla y sustituirlo por una licencia de multiplicación".

En dicho comunicado, FAA aseguró también que el proyecto del oficialismo "legaliza que todos los argentinos financiemos la custodia de los derechos de patentes sobre genes mediante el Instituto Nacional de Semillas, evitando a la Justicia".

Para Monsanto

La entidad que preside Omar Príncipe –indica el medio periodístico nacional-no se olvidó de Monsanto: "Hoy se ha llegado a la conclusión de mayoría que, casualmente, refleja al pie de la letra las imposiciones de Monsanto en 2004, las que al no poder concretarlas parlamentariamente, en 2005 decide interdictar barcos con carga nacional en puertos europeos", apuntó.

Señala la postura de FAA, que "se pretende transformar el interior productivo y el rol indiscutible de una cadena sólida y capaz de generar desarrollo y arraigo, en un mero eslabón integrado de un contrato de producción en el que unos pocos impongan qué producir, cómo hacerlo y con quién comercializarlo".

De esta manera, dice el sitio LPO, FAA no solo rompió con el Gobierno y el resto de la Mesa de Enlace en el tratamiento de la Ley de Semillas, sino que insistirá con su propio proyecto presentado hace tres años que cuenta con estado parlamentario.

El objetivo de Etchevehere

En este contexto, el Ministerio de Agroindustria -que conduce Luis Miguel Etchevehere- prepara un proyecto con el objetivo de actualizar la Ley de Semillas que data de la década del 70. Para esto, la cartera del campo acordó una serie de puntos de entendimiento y decidió dejar de lado los aspectos en los que no hay acuerdo. Así, la Sociedad Rural (SRA), Coninagro y ahora Confederaciones Rurales (CRA), ésta última por la presión de sus bases, llegaron a un punto de entendimiento en los últimos días con las principales empresas del sector semillero para establecer el pago de un canon por la tecnología.

"Todos los integrantes de la cadena trajeron un borrador y en base a eso se elaboró un proyecto", dijo Etchevehere. "Esto es el trabajo de todo un año entre todas las partes", agregó el ministro en declaraciones a Radio Continental reproducidas en Télam. Etchevehere es el mayor interesado en que este año se sancione la nueva Ley de Semillas para mostrarle resultados políticos a Mauricio Macri teniendo en cuenta que si la discusión se dilata, difícilmente logre aprobarse en 2019 cuando hay elecciones presidenciales.

Más control del Inase para deslintadoras

El INASE (Instituto Nacional de Semillas) comenzará hacer controles más estrictos a las deslintadoras de semilla de algodón. A través de una comunicación enviada a las plantas, el organismo dice que teniendo en cuenta el inicio de la temporada de procesamiento de semillas de cara a la campaña algodonera 2018/2019, para reafirmar que dicha tarea debe ser efectuada conforme lo normado por las Resoluciones INASE Nº 35/96 y 759/17.

En tal sentido, indica que La semilla debe contar con la documentación obligatoria que ampare el traslado (DTV). Además, dice que al momento de la recepción de la semilla para su procesamiento, deben cumplimentarse las disposiciones contenidas en la Resolución INASE 35/96. En otro punto señala que debe requerirse al productor titular de la mercadería a procesar (y previo a iniciar cualquier tratamiento) copia de la notificación al obtentor de la variedad denunciada del al traslado de semilla de propia producción.

Ante una eventual negativa del productor a comunicar al obtentor la utilización de semilla de propia producción, el procesador deberá notificar al mismo, dice el INASE. Para ello deberá enviar, al menos, un mail comunicando la cantidad de semilla procesada por cada productor, así como la variedad por éste declarada. El mail deberá ser remitido con copia al RUS ([email protected]).

El organismo además recuerda que la semilla que ingresa a la planta para su proceso deberá estar identificada en todo momento, manteniendo la trazabilidad del proceso. Sin perjuicio de la implementación del “Sistema de Información Simplificado Agrícola – SISA” y hasta tanto se establezcan los procedimientos digitales de información, continuará en vigencia la obligación de informar establecida mediante Res. 579/17 o la que en un futuro la reemplace.

Finalmente señala que el INASE dispondrá controles presenciales, así como la toma de muestras para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

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