Hoy el fiscal Sabadini presenta el requerimiento por la causa lavado de activos de los exfuncionarios
Tras el requerimiento del fiscal Patricio Sabadini que se formalizará este martes, de una parte de la causa por supuesto lavado de activos y asociación ilícita contra exfuncionarios provinciales, la jueza federal Zunilda Niremperger dispondría varias medidas, las que incluirían al menos cinco detenciones.
La semana recortada por los feriados del jueves y viernes santos, más el del lunes 2 de abril, impondría un mayor ritmo a las decisiones judiciales en este resonante caso que mantiene en vilo a la provincia del Chaco.

Por eso hoy es la jornada clave para conocer las imputaciones y las medidas que solicitará el Ministerio Público Fiscal a la jueza Niremperger, sustentadas con la cantidad de elementos recolectados en las pocas semanas de investigación llevada adelante por Patricio Sabadini.
De todas maneras para más adelante quedarán otras decisiones judiciales pero formarán parte de lo residual que se irán requiriendo a medida que avancen las pesquisas por lo que aquellos que fueron investigados pero no figuran en la lista de imputados no recuperarán la tranquilidad por un buen tiempo.
Nuevas conexiones
Como ya lo señalara NORTE, en tanto se conoció un nuevo punto de conexión entre la causa que se instruye contra Jacinto Sampayo y el requerimiento que será enviado hoy. Se trata de una empresa, cuya actividad sería la venta de artículos de construcción que cuando inició sus actividades nombró a dos apoderados.
Casualmente uno de ellos es la dueña o socia de la financiera Inversora Nacris. La firma fantasma que tendría como empleado a Carlos Huidobro, detenido en la causa contra Sampayo. Cuando allanaron el domicilio fiscal no encontraron nada y nadie la conocía. También podrían sospechar que la dirección dada por esta firma no es real tomando en cuenta que se trata de un barrio de viviendas muy conocido donde no se observa comercio alguno.
Estas pistas fueron surgiendo en la investigación y no se sospechaba que puedan surgir puntos de conexión más allá de que en ambos casos se cree que los investigados cometieron el delito de lavado de activos.
En la justicia provincial
Ayer fue un comienzo de la semana laboral tranquilo para la justicia provincial y en este orden el domingo una organización social respaldó el pedido que realizaron los defensores de Susana Fernández, esposa del exsecretario de Gobierno Horacio Rey, que está detenida por una causa provincial relacionada con la investigación federal.
Aparentemente Fernández tiene un problema de salud y necesitaría estar detenida en su hogar. La Justicia provincial aún debe resolver el pedido por lo que la Agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Unidos Emerenciano, se solidarizó con la imputada por tres fiscales y pidió públicamente a la justicia que sea trasladada a su domicilio “teniendo en cuenta su delicado estado de salud”.
También se conoció el fin de semana que el secretario de Derechos Humanos, Juan Carlos Goya, visitó a Susana Fernández, detenida en la Comisaría de la Mujer y tras verla el funcionario solicitó que reciba asistencia médica y psicológica.
El titular de Derechos Humanos de la provincia explicó que el motivo es “salvaguardar la vida y el bienestar de la mujer”. El pedido de asistencia ya fue adelantado por el defensor de Fernández, Nelson Pessoa, quien lo hizo en su momento ante el equipo de fiscales para que se le otorgue la prisión domiciliaria dado el estado de la salud de la mujer avalado por el certificado médico de la profesional que la atendía y en vista de que tiene un niño de corta edad.
Los funcionarios consultados aseguraron que resta mucho para que se cumpla el plazo fijado y de momento todos los pedidos que realizaron los defensores de Rey, Fernández, Ismael Fernández y Roberto Lugo están por resolverse.
Mientras que en el juzgado de Niremperger podrían definirse los incidentes para que una parte de los detenidos por esta causa puedan estar detenidos en sus domicilios. En cambio, en el caso de Sampayo la definición es que se realice una junta médica que podría estar conformada por médicos de la Corte Suprema.
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