La Justicia declaró la quiebra de Algodonera Avellaneda

El juez Fabián Lorenzini firmó la resolución que pone fin al proceso concursal, nueve días después de que venciera el plazo para que acreedores, empresas o cooperativas se presentaran como oferentes. El 5 de octubre se confirmó que nadie se inscribió para intentar el rescate y, como la compañía tampoco logró un acuerdo con sus acreedores, el magistrado declaró la quiebra.

La empresa empleaba a unos 360 trabajadores que llevaban meses sin cobrar y operaba tres unidades: una planta de hilandería en Reconquista, que funcionaba al 60% de su capacidad, y dos desmotadoras en Chaco y Santiago del Estero. El principal obstáculo fue el Banco de la Nación Argentina, que concentra más del 80% del pasivo verificado y rechazó todas las ofertas por considerarlas insuficientes. La entidad reclama $1.585,7 millones y u$s260,7 millones, créditos originados en garantías que Algodonera Avellaneda otorgó a Vicentin. La empresa intentó excluir al BNA de la votación, pero el juez rechazó ese planteo el 14 de septiembre. Luego se abrió el mecanismo de salvataje o cramdown, con registro abierto hasta el 5 de octubre, pero ningún oferente se presentó.

En los fundamentos, Lorenzini detalló que las deudas financieras verificadas superan los u$s260 millones y que la deuda posconcursal, generada durante el proceso, supera los $6.000 millones por gastos de funcionamiento, servicios e impuestos impagos. El juez había concedido varias prórrogas —en diciembre de 2025, febrero y julio de 2026—, pero ninguna dio resultado. "El juez no posee facultades discrecionales para dilatar el trámite ni para conceder nuevos plazos no previstos en la ley", señaló, y advirtió que prolongar el proceso solo agravaría el daño patrimonial.

Pese a la quiebra, no se ordenó el cierre inmediato. La sindicatura deberá analizar si conviene continuar transitoriamente con la explotación para preservar el valor de los activos y facilitar una eventual venta como unidad productiva. El fallo ordenó el desapoderamiento de los bienes, la inhabilitación de la sociedad y su directorio, y prohibió a los administradores salir del país sin autorización judicial. La Justicia convocó a una audiencia para el 22 de octubre con acreedores, trabajadores y otros interesados para definir los próximos pasos.