El oficialismo acordó con aliados la reforma de la Ley de Salud Mental

El bloque oficialista en la Cámara de Senadores cerró un acuerdo clave con bancadas aliadas para avanzar con la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.

El entendimiento fue anunciado por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en compañía de las senadoras Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez, titulares de las comisiones de Salud y Legislación General.

Con este consenso asegurado, el oficialismo convocó al plenario para rubricar el dictamen de mayoría y llevar la iniciativa a votación en el recinto el próximo 22 de octubre.

Uno de los ejes principales del acuerdo radica en la reestructuración del funcionamiento de los equipos interdisciplinarios de atención. Si bien la normativa mantendrá la participación de psicólogos y otros profesionales de la salud, el texto consensuado le otorga una mayor responsabilidad y centralidad a los médicos psiquiatras en la toma de decisiones clínicas ante situaciones de mayor complejidad.

En relación con el esquema de internaciones, tanto voluntarias como involuntarias, se fijó un procedimiento de notificación judicial posterior.

La medida de internación se ejecutará bajo criterio médico y será informada de inmediato al juez interviniente sin requerir su autorización previa para efectivizarse. De todas maneras, la Justicia mantendrá la potestad de solicitar peritajes o revocar internaciones si considera que carecen de justificación clínica.

El texto acordado diferencia además los abordajes destinados a personas adultas de aquellos orientados a niños, niñas y adolescentes, al tiempo que incorpora herramientas específicas para el tratamiento integral de las adicciones.

Asimismo, atendiendo los reclamos de especialistas sanitarios y de las provincias, las bancadas acordaron ratificar la prohibición explícita de reabrir o reacondicionar instituciones monovalentes, más conocidas como manicomios.

Con el apoyo garantizado de los sectores dialoguistas, el Gobierno confía en lograr la aprobación del proyecto en la Cámara alta antes de la finalización del período de sesiones ordinarias.

Fuente: Minuto Uno