Apertura de redes estatales y base antinarcóticos de EEUU
El gobierno de Javier Milei avanza en dos frentes que consolidan su alineamiento estratégico con Donald Trump, como parte del acuerdo "Escudo de las Américas".
Por un lado, negocia un programa integral de ciberseguridad que contempla la creación de un Centro Nacional de Operaciones de Seguridad (SOC), la revisión de las redes informáticas del Estado y el reemplazo de equipamiento tecnológico de origen chino instalado en áreas críticas de la administración pública. La iniciativa responde a una estrategia más amplia de la Casa Blanca para desplazar a China de América Latina, promoviendo proveedores considerados "confiables", preferentemente estadounidenses, en telecomunicaciones e infraestructura digital.
El proyecto prevé asistencia técnica y un financiamiento de hasta u$s 13,9 millones del Departamento de Estado durante tres años. La primera etapa consistirá en un relevamiento de centros de datos, sistemas y redes de organismos públicos nacionales para identificar equipamiento sensible, establecer prioridades de reemplazo y definir estándares de seguridad para futuras compras.
El futuro centro de operaciones quedaría bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y concentraría funciones hoy dispersas: supervisión permanente de redes estatales, centralización de alertas, análisis de amenazas y coordinación de respuestas ante incidentes en infraestructura crítica. En los últimos meses, funcionarios estadounidenses, entre ellos el embajador Peter Lamelas, intensificaron sus advertencias sobre el uso de tecnología china en sectores estratégicos, vinculándolo con su propia seguridad nacional.
Unidad regional de la INL
En paralelo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció a través de su cuenta de X que el Gobierno autorizará a EEUU a abrir en Buenos Aires una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), dependiente del Departamento de Estado. La oficina contará con 7,5 millones de dólares destinados a equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad, lo que multiplicaría por diez la inversión en cooperación bilateral. "Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad", escribió la ministra.
Hasta el momento no hay certeza sobre el lugar donde funcionará la base, la cantidad de personal que la integrará ni si este será militar estadounidense. En principio, la instalación de una base logística de este tipo debería pasar por el Congreso, pero el Gobierno ha evitado ese paso en otras ocasiones: lo hizo al rubricar la entrada al "Escudo de las Américas" y al permitir el ingreso de marines norteamericanos por decreto, como ocurrió con los ejercicios "Tridente" y "Daga Atlántica", o el reciente entrenamiento de infantes de marina en Tierra del Fuego junto al BIM 4, que la Armada calificó como "intercambio de expertos en clima frío" pero que el Comando Sur mostró como un simulacro de combate.
A esto se suman la creación por decreto del Centro Nacional Antiterrorismo bajo la órbita de la SIDE, los acuerdos de intercambio de información con el FBI y la habilitación para que la Armada estadounidense patrulle el Mar Argentino Sur durante cinco años.
Opositores y críticos señalan que estas medidas no solo refuerzan la alianza con el trumpismo, sino que forman parte de la construcción de un Estado policial que utiliza el discurso de la "lucha contra el narcoterrorismo" para restringir libertades democráticas. Señalan como antecedentes la intervención en Venezuela y la revocación de visas a funcionarios bolivianos, en el marco de la alianza militar "Escudo de las Américas". El principal reparo es la opacidad: ni el anuncio de la ministra ni las gestiones posteriores precisaron el alcance, la sede ni el estatus del personal, ni si el acuerdo será sometido al Congreso o instrumentado por decreto.
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