SAENZ PEÑA (Agencia) Nuevo operativo policial y municipal para controlar a la banda de motoqueros denominadas "wileros". Estos se convocan los fines de semana tomando las calles de la ciudad por su cuenta. En algunas ocasiones son protagonistas de accidentes de tránsito. Cabe recordar que a partir del próximo 5 de septiembre entra en vigor la Ley 27.801 del Código Procesal Juvenil. La misma fue sancionado por el Congreso de la Nación.

En lo que fue el operativo realizado el pasado domingo se llegó a secuestrar 20 motocicletas adaptadas con caños de escapes libres. En algunos casos preparadas para competición y son conducidas por jóvenes menores. Los mismos desafian los operativos y realizan convocatoria en las redes sociales desde donde parten las juntadas.

Desde la dirección de tránsito y nocturnidad a cargo de Alberto Andino expresó que "en este nuevo operativo se labraron más de veinte actas de contravención. Se llevo a cabo el correspondiente secuestro de las motocicletas donde en mucho de los cuales los conductores resultaron ser reincidentes en estas infracciones".

La cuestión de penas

En su momento desde el Juzgado de Paz de la provincia a cargo de Celia Altamiranda para el caso de estas infracciones y secuestros de motocicletas, a quienes se le retenía el vehículo, no solamente podían retirar mediante el pago de una onerosa multa, también debían realizar capacitaciones para poder recuperar a los rodados y no tener afectados el carné de conducir.

En la actualidad los operativos con secuestros de estas motocicletas preparadas como para competición la dirección de tránsito del municipio hizo un pedido al Concejo: "Se insistió al Concejo Municipal sobre la aprobación de una ley, con penas más estrictas. Penas más estrictas sobre todo apuntando a los reincidentes para que no se les devuelva más el ciclomotor. Los que seguramente tendrán como destino, al igual que otros tantos, se procedería a la destrucción de los mismo hasta convertirlos en chatarras. Así no se los vuelva a ocupar".  

Asimismo, el proyecto que fue enviado al Concejo al parecer según trascendió, que "las penas existentes son bastantes ajustadas a lo que se envió, si bien pasa por una cuestión que desde el municipio o la dirección correspondiente de tránsito tomen las medidas necesarias", contestaron. 

"En los operativos se ven las mismas caras"

SÁENZ PEÑA (Agencia) Desde el Departamento del 911 que junto a las comisarias jurisdiccionales son las autoridades policiales que acompañan en los operativos se pudo saber: "muchas veces la presencia de un efectivo policial en los controles llevan las seguridad el personal de tránsito. PEro eso no evita que muchas veces los grupos de motociclistas no continúen haciendo de las suyas. Esto es una cuestión legal. Se debe aplicar el máximo rigor de lo que dicen las normas de tránsito porque siempre en los operativos al secuestras las motocicletas, estamos viendo las mismas caras", manifestó el responsable del 911.

En resumen, desde las autoridades policiales, indicaron "es todo un trabajo de varias horas que llevan muchas veces en las comisarías, sobre las personas conducidas que en oportunidades con delitos que sobrepasan a una simple contravención, sobre todo quienes se opones a controles y al requisarlo se comprueba que portan armas blancas, o que tienen pedido de detención por algún otro hecho delictivo" comento el comisario Ramón Zarza. 

Con la entrada en vigencia a partir del próximo 5 de septiembre el nuevo Código Procesal Penal, de baja de imputabilidad a menores que fue de 16 a 14 años, se podría detener a estos en ocasiones que se pongan violentos en los controles de tránsito por delitos con lesiones graves. En ocasiones llegaron a agredir al personal que están en estos retenes de controles ya dejando de ser una "contravención". La finalidad de la Ley 27.801, del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito y, mediante las medidas establecidas en la presente ley.