Guiño de la Procuración para que quede firme la Ley de Honorarios de abogados

El procurador general, Jorge Canteros, se mostró a favor de la nueva Ley de Honorarios de abogados al rechazar la sentencia de inconstitucionalidad de oficio que estableció la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia.

El jefe de los fiscales advirtió que los jueces de la Sala IV, Diego Derewicki y Fernando Heñin desbordaron sus facultades jurisdiccionales y sustituyeron de forma ilegítima la voluntad de las partes en un asunto meramente patrimonial y disponible. En concreto, los abogados pretendían que se les regule honorarios por la normativa actual.

La postura de Canteros se asienta sobre la premisa fundamental de que no existía en el expediente un verdadero caso o controversia que habilitara semejante control constitucional por iniciativa de los propios jueces. Según la óptica y la opinión técnica del Procurador, la declaración de inconstitucionalidad constituye un acto de suma gravedad institucional que debe ser el último recurso del ordenamiento jurídico, requiriendo siempre la demostración de un perjuicio concreto, actual y debidamente invocado por la parte afectada.

En el litigio analizado, el obligado al pago de los honorarios jamás planteó un agravio respecto de la normativa ni solicitó que se prescindiera de la ley arancelaria vigente, sino que, por el contrario, adhirió al recurso extraordinario presentado por los propios abogados. Al no estar en juego el orden público ni tratarse de sujetos vulnerables que requieran tutela especial, Canteros criticó que la Cámara construyera una defensa oficiosa sobre un derecho disponible.

Asimismo, el magistrado defendió plenamente la potestad constitucional del Poder Legislativo chaqueño para dictar normas arancelarias.

MÁS PLANTEOS

La discusión en torno a los mínimos legales impuestos por la Ley de Honorarios no se agota en las decisiones de oficio, sino que ya genera reacciones y presentaciones directas por parte de grandes litigantes institucionales de la provincia. Un ejemplo testigo de este fenómeno es el reciente cuestionamiento judicial impulsado por el Nuevo Banco del Chaco en el marco de un juicio ejecutivo.

La entidad financiera interpuso un recurso de revocatoria contra la regulación de honorarios fijada en un despacho monitorio, alegando que el monto establecido bajo los nuevos parámetros arancelarios resulta desproporcionado en relación con el capital reclamado y la nula actividad contradictoria de esa etapa procesal inicial. El planteo del banco cuestiona de forma específica que la aplicación rígida y automática de los mínimos medidos en Unidades de Medida Arancelaria (UMA) terminó fijando honorarios que representan casi el 90% del capital total ejecutado en el caso concreto.