A horas del juicio por Loan, siguen las tensiones entre los acusadores y el tribunal

A horas del inicio del juicio oral y público por la sustracción de Loan Danilo Peña, el Tribunal Oral Federal de Corrientes mantiene firme su decisión de permitir la participación de solo dos fiscales, pese a la complejidad del caso y la gran cantidad de imputados, tensionando al máximo la relación con todos los acusadores. 

El conflicto ya es analizado por la Cámara Federal de Casación y volverá a ser un tema de discusión en el inicio del debate, este martes.

Pese a que ya habían permitido la participación de más de dos fiscales en al menos otros tres juicios, los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco le comunicaron hace pocos días al fiscal general Carlos Schaefer que no podrá sumar cinco fiscales auxiliares, tal como lo habían planteado en la audiencia preliminar del 27 de febrero pasado.

Todo indica que Emilia Sánchez Lafuente, Nancy Vargas García, María Soledad Branchi, Juan Mariño Fages y Gabriel Romero Olivello deberán esperar el fallo de Casación para saber si podrán ser parte de la causa.

La respuesta de los fiscales Schaefer y Tamara Pourcel a la negativa de los jueces no se hizo esperar: un nuevo recurso de Casación con un pedido de urgente tramitación.

Los fiscales sostienen que en la audiencia preliminar los integrantes del Tribunal no se expidieron sobre la participación del equipo de fiscales porque en esa oportunidad les comunicaron que la convocatoria era a los fines de organizar el debate y que no se adoptarían otro tipo de resoluciones.

Para Schaefer y su equipo, ese 27 de febrero "no hubo tratamiento ni mucho menos un pronunciamiento expreso y fundado que limitara la actuación de esta parte para el juicio oral. Esa sola razón la convierte en una resolución infundada y arbitraria". Sostuvieron que eso queda en evidencia con solo revisar el video de la audiencia.

Al fundamentar el pedido de revisión de la polémica decisión de tribunal, los fiscales sostuvieron que debe revertirse porque "afecta críticamente los intereses generales de la sociedad que esta parte representa y también los de las víctimas, en tanto restringe infundadamente las facultades y atribuciones que la normativa vigente otorga al acusador público". "Entendemos que la controversia planteada no se limita a un aspecto meramente organizativo vinculado con la integración e intervención de esta representación fiscal en el debate oral, sino que involucra directamente las condiciones bajo las cuales habrá de ejercerse la acción penal pública en un proceso de singular trascendencia", explicaron.

Siete son los acusados de haber tenido algún tipo de participación en la sustracción de Loan ese 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, pero seis serán trasladados a Corrientes para las audiencias.