La agresión a inspectores reavivó el debate sobre las habilitaciones comerciales

La agresión sufrida por inspectores municipales durante un operativo de clausura en un comercio mayorista de Resistencia volvió a poner sobre la mesa una realidad que, según reconocen desde el Municipio, se repite con frecuencia en distintos procedimientos de control. El episodio ocurrió el sábado por la tarde en el local "Locas Mayoristas", ubicado sobre avenida 9 de Julio al 2900, donde personal de la Dirección General de Inspecciones constató que el establecimiento funcionaba sin la habilitación comercial correspondiente.

Durante el procedimiento, los agentes labraron las actas de infracción y dispusieron la clausura preventiva del local. Sin embargo, cuando intentaban colocar las fajas de clausura, un grupo de empleados se enfrentó con los inspectores, arrebató parte de los elementos utilizados para el cierre y protagonizó una serie de agresiones físicas que dejaron a trabajadores municipales con lesiones leves. La situación obligó a la intervención de efectivos policiales y posteriormente del Cuerpo de Infantería para garantizar la finalización del operativo.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de hechos no constituye una excepción. "Tenemos situaciones de violencia contra el personal municipal en controles de alcoholemia, inspecciones generales, ruidos molestos y también en actividades comerciales irregulares. No es un hecho aislado", indicaron fuentes comunales al referirse a lo sucedido.

Según explicaron, la conflictividad suele aparecer en procedimientos vinculados a actividades que funcionan fuera de la normativa vigente. En ese sentido, recordaron que operativos relacionados con venta clandestina, coheterías o comercios sin habilitación suelen desarrollarse con acompañamiento policial preventivo debido al riesgo que representan para los agentes encargados de hacer cumplir las ordenanzas.

El desafío de regularizar la actividad comercial

Más allá del incidente puntual, desde la gestión municipal sostienen que el caso refleja una problemática más amplia vinculada a la informalidad comercial. Actualmente, estiman que existen miles de establecimientos que desarrollan actividades sin contar con la habilitación correspondiente.

"Lo que pretendemos es generar herramientas que faciliten la vida del comerciante, pero también hay una responsabilidad de quien decide abrir un negocio y ejercer una actividad económica", expresaron desde el Municipio.

En ese marco, el Concejo Municipal analiza una nueva ordenanza de habilitaciones comerciales impulsada por el Ejecutivo, que apunta a simplificar los trámites y reducir la burocracia para quienes buscan regularizar su situación.

La iniciativa propone un cambio de paradigma basado en el sistema de declaración jurada responsable. De aprobarse, los comerciantes podrían iniciar sus actividades declarando cumplir con todos los requisitos exigidos por la normativa, mientras que el Municipio realizaría controles posteriores para verificar la información suministrada.

"Queremos que el vecino tenga la posibilidad de habilitar su local de una manera más rápida y sencilla. Si después, cuando se controla, no cumple con lo que declaró, ahí sí corresponde la clausura y las sanciones", explicaron.

Seguridad y responsabilidad

Las autoridades remarcaron que la habilitación comercial no representa únicamente un requisito administrativo, sino una garantía de seguridad para trabajadores, clientes y vecinos. Aspectos como salidas de emergencia, planes de evacuación, medidas de prevención de incendios o condiciones bromatológicas forman parte de las exigencias que deben cumplir los establecimientos según la actividad que desarrollan.

En el caso de locales de grandes dimensiones o con importante circulación de público, los controles cobran especial relevancia para prevenir situaciones de riesgo.

Mientras la investigación judicial avanza sobre las agresiones denunciadas por los inspectores, desde el Municipio reiteraron que continuarán con los operativos de control y fiscalización en distintos puntos de la ciudad. "La intención es simplificar los procesos para quien quiera trabajar dentro de la ley, pero también hacer cumplir las normas cuando eso no ocurre", sostuvieron.