Un empresario reparó una colectora y Vialidad Nacional lo intimó a demoler lo hecho
Un conflicto de intereses opuestos estalló en la provincia de Santa Fe. Néstor Rozín, CEO del Hotel Sol de Funes —rebautizado como Radisson RED Funes—, decidió invertir por su cuenta para reparar un tramo en mal estado de la colectora de la autopista Rosario-Córdoba, frente a su establecimiento. Pero la solución que encontró le trajo un problema mayúsculo: Vialidad Nacional lo intimó a deshacer toda la obra y devolver el camino a su estado original, bajo apercibimiento de sanción en diez días.

Rozín explicó que el ingreso al hotel, ubicado sobre la colectora del kilómetro 307,5 en sentido oeste, "estaba detonado". Había solicitado sin éxito reparaciones a Vialidad Nacional y a la concesionaria del peaje. Ante la falta de respuesta, y con eventos programados que incluían una concentración escolar de 5.000 personas, el empresario contrató máquinas y personal que trabajaban en un supermercado cercano, además de conseguir piedras desde Córdoba. "Lo que hicimos es incorporar las piedras para tapar los pozos, lo reparamos y nos quisieron clausurar", relató a medios santafesinos. Añadió que luego le habrían dado consentimiento para continuar. Sin embargo, casi siete meses después, llegó una carta debe "volver a la situación anterior". "Por más bien que lo hayamos hecho, con la lluvia, los camiones, se va deteriorando. La municipalidad me exige tener libre accesibilidad y Vialidad me prohíbe repararlo", lamentó.
Desde la empresa estatal, la versión es diametralmente opuesta. Vialidad Nacional publicó un documento en el que asegura que detectó "subidas y bajadas ejecutadas de manera irregular" entre la autopista y el acceso a un predio privado. Según fuentes oficiales, esas conexiones constituyen una grave infracción a las normas de seguridad fueron ejecutadas sin autorización, evaluación técnica ni medidas de seguridad exigidas para una autopista de alta velocidad. La falta de señalización, carriles de aceleración o desaceleración adecuados e iluminación obliga a los conductores a maniobras imprevistas, incrementando el riesgo de colisiones. Por eso, la intimación a restituir la traza original es inapelable.
Rozín, por su parte, se preguntó con ironía: "Se está diciendo que el privado tiene que invertir. Cuando un privado invierte, ahora lo persiguen. La colectora no es mía, es del Estado". El conflicto, mientras tanto, sigue abierto y la maquinaria podría volver para destruir lo que con tanto esfuerzo se construyó.
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