Ordenan al gobierno garantizar el funcionamiento del Banco de Datos Genéticos
Con un recorte presupuestario del 57%, el organismo advirtió que no puede tomar muestras y que peligra la cadena de custodia de 32.000 evidencias. Abuelas de Plaza de Mayo y la Justicia federal alertan sobre un daño irreversible en la lucha por la identidad y la memoria.
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la institución creada por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo para identificar a los bebés robados durante la última dictadura, advirtió que su situación presupuestaria es tan crítica que ya no puede garantizar la toma de muestras biológicas. Frente a esta alerta, el juez federal Alejo Ramos Padilla emitió una orden judicial de urgencia dirigida al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Les exige, en un plazo de cinco días, que garanticen el financiamiento y el funcionamiento del organismo.
La dramática advertencia la realizó la directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, quien en una nota enviada el viernes pasado a tribunales federales señaló que el organismo enfrenta una "situación crítica de operatividad". Los recursos no alcanzan siquiera para cubrir servicios esenciales como la limpieza, la vigilancia y el mantenimiento del edificio. La falta de viáticos también impediría que los especialistas se trasladen a tomar muestras en distintos puntos del país. Esta situación, según el comunicado, podría derivar en la suspensión o demora de peritajes genéticos y, más grave aún, en la alteración de condiciones técnicas indispensables para la validez de los procesos judiciales. La cadena de custodia de unas 32.000 muestras, entre las que se cuentan sangre, hisopados bucales, restos cadavéricos y objetos con ADN, está en riesgo.
El origen de esta crisis es un recorte presupuestario sistemático desde la asunción de Javier Milei. Según distintas fuentes, el presupuesto del BNDG se redujo un 57,3% en términos reales. El ajuste se aplicó de forma sostenida: 35,1% en 2024, 30,1% en 2025 y un deterioro adicional del 5,8% en lo que va de 2026. Como consecuencia de esta merma, los gastos de funcionamiento cayeron un 65,8% en tres años y la masa salarial se redujo un 46%. A esta crisis presupuestaria se suma una modificación en la estructura del organismo. En mayo de 2025, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 351, que transformó al BNDG de un organismo descentralizado con autonomía en un organismo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Abuelas de Plaza de Mayo, la organización que preside Estela de Carlotto, se movilizó de inmediato y presentó medidas cautelares en la Justicia. En sus escritos, la asociación advirtió que "el desfinanciamiento del BNDG podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas". La Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños (Uficante), a cargo del fiscal Pablo Parenti, también realizó presentaciones judiciales en las que sostuvo que el funcionamiento del BNDG es "una condición necesaria para que los casos de apropiación de niños en contexto de terrorismo estatal puedan ser resueltos".
Fue en este contexto que el juez Alejo Ramos Padilla, del Juzgado Federal de La Plata, dictó una medida cautelar interina. En su resolución, el magistrado ordenó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que disponga "de manera inmediata todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos", incluyendo la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, el mantenimiento de la cadena de custodia y las condiciones de higiene y seguridad. Además, el juez le pidió al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que informe, en el mismo plazo de cinco días, sobre la posible afectación del servicio de justicia.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evitó referirse al contenido de la medida y desvió la atención hacia su situación patrimonial. No dio precisiones sobre si el Ejecutivo acatará la orden ni cuándo se restituirán los fondos. Tampoco se ha pronunciado formalmente el Ministerio de Justicia.
Mientras tanto, en los pasillos de los tribunales federales reina la preocupación. Jueces y fiscales consultados por este medio señalan que la paralización del BNDG afecta directamente causas de lesa humanidad que llevan décadas en curso. La posibilidad de que no se puedan practicar nuevas pruebas o de que las existentes se deterioren por falta de mantenimiento abre un escenario inédito desde la recuperación de la democracia.
El conflicto pone en jaque el derecho a la identidad y la memoria. La orden del juez Ramos Padilla intenta frenar una situación que, de persistir, podría significar un retroceso histórico en la búsqueda de verdad y justicia. El reloj corre y los cinco días de plazo ya están en marcha. La decisión del Ejecutivo definirá el futuro de un banco genético único en el mundo que, hasta hoy, había sido una herramienta fundamental para la reparación histórica.
