Ordenan garantizar agua potable urgente para más de mil familias del Barrio Zampa

La Justicia chaqueña ordenó al Estado provincial y a distintos organismos públicos garantizar de manera urgente el acceso al agua potable para las familias del Barrio Zampa, uno de los sectores más postergados del sur de la ciudad de Resistencia.

La resolución fue firmada por el juez Julián Flores, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 21, en el marco de un reclamo colectivo impulsado por vecinos del barrio, quienes denuncian graves problemas de abastecimiento y una situación que, según sostienen, se "agravó progresivamente en los últimos tiempos".

La medida cautelar obliga de manera conjunta a SAMEEP, al Gobierno provincial, al Municipio de Resistencia, a la Administración Provincial del Agua y al Ministerio de Infraestructura a implementar un esquema urgente de abastecimiento mediante camiones cisterna. El fallo establece que el "operativo deberá comenzar en un plazo máximo de 48 horas desde la notificación formal y fija además un piso mínimo de 100 mil litros diarios de agua potable destinados a las más de mil familias afectadas".

La frecuencia del abastecimiento "no podrá ser inferior a tres veces por semana", aunque la Resolución aclara que "deberá incrementarse todas las veces que resulte necesario para garantizar que el suministro llegue efectivamente a cada sector del barrio".

En los fundamentos de la medida, el magistrado reconoció que el acceso al agua en Barrio Zampa resulta "irregular, insuficiente y, en muchos casos, incompatible con el consumo humano", dejando expuesta la gravedad de la crisis sanitaria que atraviesa la comunidad. Durante el proceso judicial también fueron incorporadas denuncias vinculadas a problemas de salud, afecciones cutáneas y complicaciones gastrointestinales, especialmente entre niños y adultos mayores, en un contexto donde muchas familias aseguran que el servicio prácticamente desapareció en distintos puntos del barrio.

La resolución judicial no se limita únicamente al abastecimiento de emergencia. El juez ordenó además que el Estado realice, en un plazo de 30 días, un relevamiento integral para identificar la cantidad exacta de familias afectadas y las condiciones reales de acceso al agua en cada sector. El objetivo será determinar con precisión el alcance de la crisis y ajustar las medidas de asistencia a la situación concreta del territorio.

Aunque la cautelar todavía no resuelve el problema estructural de fondo —la falta de conexión regular y estable a la red formal de agua potable—, la decisión marca un punto de inflexión en el conflicto. Por primera vez, el reclamo vecinal dejó de ser solamente una denuncia pública para convertirse en una obligación inmediata bajo supervisión judicial. El proceso principal continuará en las próximas semanas y será allí donde se debatirán las responsabilidades definitivas sobre la problemática.