El Gobierno llevó la Ley de financiamiento universitario a la Corte y suspendió su aplicación

   El Gobierno nacional obtuvo la suspensión de la ley que ordenaba actualizar salarios docentes, no docentes y becas estudiantiles. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario del Ejecutivo, habilitando ahora la intervención de la Corte Suprema.

   La ley había sido impulsada tras meses de movilización frente a una pérdida salarial que supera el 45% desde 2023. Sin embargo, el Gobierno la vetó argumentando el "equilibrio fiscal". Ahora, mientras avanza el ajuste, la norma queda empantanada en los tribunales.

   En este contexto, se convocó una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo, con el objetivo de exigir presupuesto, recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de la ley. Estudiantes, docentes, no docentes e investigadores marcharán a Plaza de Mayo y a las plazas del país. La crisis se agrava: los trabajadores universitarios perdieron la mitad de su poder adquisitivo, más de diez mil docentes renunciaron, y laboratorios y hospitales universitarios están al borde del colapso por falta de fondos.

   Mientras sectores de rectores negocian una versión atenuada de la ley, en las facultades crece la presión de base. Docentes de Exactas (UBA) mantienen un paro por tiempo indefinido. La convocatoria del 12 de mayo busca fortalecer la acción directa con asambleas, tomas y clases públicas, coordinando con otros sectores de trabajadores en protesta. El movimiento universitario rechaza el ajuste y exige la derogación de la política de recortes.