El Gobierno ofrece un 24% de aumento a las universidades

   El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo. Aunque hubo un acercamiento en materia presupuestaria, la negociación terminó frustrada por una condición que los rectores consideraron inaceptable: retirar la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

   La propuesta oficial fue presentada en una reunión reservada entre funcionarios nacionales y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en medio de la tensión posterior a la última Marcha Federal Universitaria. Según confirmaron fuentes de ambos sectores, el Ejecutivo ofreció una recomposición salarial del 24,3% para docentes, que contempla la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2024: un 21,3% en junio y un 3% adicional en octubre. Además, se propuso retomar negociaciones paritarias trimestrales mediante una comisión técnica.

   La oferta no se limitó a los salarios. Incluye un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% más para los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales y un fondo adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios. También está pendiente la discusión por una partida superior a $79.000 millones destinada a esos centros asistenciales, cuyo congelamiento había generado fuertes reclamos.

   Pese a que los rectores calificaron la propuesta económica como "razonable", el entendimiento se rompió cuando el Gobierno condicionó el acuerdo al retiro de la demanda judicial que busca garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma, aprobada por el Congreso, establece actualizaciones por inflación para salarios y becas, lo que según cálculos universitarios demandaría unos $2,5 billones. Desde la Casa Rosada sostienen que ese nivel de gasto es incompatible con el equilibrio fiscal.

    "No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable", señalaron fuentes del CIN. Para los rectores, la demanda funciona como una garantía institucional. "Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos", afirmaron desde el sector universitario, que mantiene expectativas de retomar las conversaciones. Mientras tanto, el Gobierno apuntó contra la conducción del CIN y advirtió que la negativa judicial dificulta cualquier salida. Así, el conflicto sigue abierto, y ambas partes coinciden en algo: si quieren evitar una nueva escalada, alguien deberá ceder.