La Justicia amplió el reclamo por falta de agua en barrio Zampa y citó al Municipio, APA e Infraestructura

La crisis del agua en el Barrio Zampa de Resistencia comenzó a escalar judicialmente con mayor presión sobre distintos organismos del Estado provincial y municipal. Este viernes, el conflicto dio un nuevo paso tras la primera audiencia realizada en el Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Resistencia, a cargo del juez Julián Flores, donde vecinos del sur capitalino expusieron la gravedad de una situación que afecta desde hace años a más de mil familias.

Durante la audiencia, los habitantes del barrio describieron un escenario crítico marcado por la falta de acceso regular y seguro al agua potable. "Antes el servicio era malo, pero había. Hoy directamente no hay o no se puede consumir", señalaron vecinos que aseguran recurrir a conexiones improvisadas cercanas a cunetas para cocinar, higienizarse y cubrir necesidades básicas.

El planteo colectivo también incluyó denuncias sobre las consecuencias sanitarias que ya impactan en la población, especialmente en niños y adultos mayores. Entre las principales preocupaciones aparecen cuadros gastrointestinales, afecciones cutáneas y enfermedades vinculadas a la calidad del agua consumida. "Hay días en los que directamente no tenemos agua. Y cuando sale, sale turbia, con olor. Ya no sabemos qué hacer para que nos escuchen", expresó una de las vecinas que participa del reclamo.

Frente a la gravedad de la denuncia, la Justicia resolvió ampliar formalmente el alcance de la causa y sumar al Municipalidad de Resistencia, a la Administración Provincial del Agua y al Ministerio de Infraestructura provincial, además de Sameep, para que intervengan y den respuestas concretas sobre la situación denunciada.

La decisión judicial dejó expuesto que el conflicto excede a la empresa prestataria y compromete responsabilidades vinculadas a infraestructura, planificación urbana y control estatal sobre el acceso al agua potable.

Como parte de las medidas adoptadas, el juzgado ordenó solicitar un informe sanitario al Centro de Salud de Villa Libertad con el objetivo de evaluar el impacto de la crisis hídrica en la población afectada. Además, se confirmó la realización de una inspección presencial en el barrio junto a representantes de las partes involucradas para constatar en territorio las condiciones denunciadas por las familias.

De la audiencia participaron representantes de Sameep, de la Defensoría del Pueblo del Chaco y de la Fiscalía de Estado, esta última en representación del gobernador Leandro Zdero. El acompañamiento jurídico de los vecinos está encabezado por Juan Pablo Núñez, integrante del equipo legal que impulsa la representación colectiva para exigir soluciones urgentes frente a una problemática que atraviesa desde hace años la vida cotidiana de cientos de familias del sur de Resistencia.