La Justicia falló a favor de trabajadores del Ministerio de la Producción

El Juzgado Laboral Nº 3, a cargo del juez Sergio Bosch, declaró nula la resolución ministerial Nº 71/2026, en particular sus artículos 1 y 2, por carecer de razonabilidad y fundamentación suficiente la metodología utilizada.

Además ordenó al Ministerio de la Producción practicar una nueva liquidación del F.E.P. correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2026, así como de los períodos que se devenguen hasta el cumplimiento efectivo de la manda judicial.

El conflicto se originó a partir de la modificación de la base de cálculo del Fondo Estímulo Productivo, mediante la exclusión de conceptos que integraban su conformación, lo que provocó una caída abrupta en los ingresos de cientos de trabajadores del área productiva.

En algunos casos, profesionales del sector pasaron de percibir cerca de $1.500.000 a alrededor de $600.000 mensuales.

Durante el proceso, el ministro de Producción, Oscar Dudik, debió concurrir a la Legislatura provincial a dar explicaciones ante la magnitud del impacto salarial y el reclamo sostenido de los trabajadores.

El juez que dio lugar al amparo además de cuestionar la metodología aplicada ordenó al Ministerio dictar en un plazo de 60 días un nuevo acto administrativo con estricto apego a la Ley N.º 2398-I.

También dispuso que se determinen las diferencias entre lo efectivamente abonado y lo que correspondía liquidar conforme a derecho, con intereses por mora.

El diputado provincial Santiago Pérez Pons remarcó que la resolución judicial es consecuencia directa de la organización de los trabajadores:

"Sin la lucha de los trabajadores, este recorte pasaba desapercibido y no se revertía; el reclamo colectivo, la organización del sector y la intervención de la Justicia. Con los trabajadores de Producción se puso un límite", enfatizó.

"Si no levantaban la voz, hoy estarían cobrando mucho menos. La Justicia confirmó que no se puede ajustar el salario de los trabajadores mediante decisiones arbitrarias y sin fundamento suficiente".

Pérez Pons subrayó que el impacto fue especialmente grave en profesionales, técnicos y trabajadores del área productiva, quienes vieron reducidos drásticamente sus ingresos de un mes a otro.

Finalmente, sostuvo que este fallo marca un precedente institucional y político de importancia.