Vence el plazo para que el Insssep cumpla fallo por tratamientos de pacientes con discapacidad

Un fallo unánime del Superior Tribunal de Justicia (STJ) puso en el centro de la escena la cobertura de salud para pacientes con discapacidad y fijó un plazo perentorio para su cumplimiento: este martes 31, a las 9, vence el tiempo otorgado al Insssep para garantizar la continuidad de los tratamientos.

La sentencia, considerada definitiva y no apelable, ordena a la obra social provincial restituir y sostener la cobertura integral para once familias. En diez de los casos, se dispone la continuidad de la atención en el Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que en uno se establece el tratamiento local con la posibilidad de derivación al mismo centro de alta complejidad.

El abogado Sebastián Ferreyra Negri, quien representa a las familias junto con su colega Francisco Benítez Bony, destacó el alcance del fallo: "Es una sentencia contundente, definitiva, que pone fin al conflicto y sienta una jurisprudencia incontrastable. Casos análogos podrán citar este antecedente", afirmó en conferencia de prensa realizada ayer en el hotel Covadonga.

El profesional sostuvo que el conflicto se originó a partir de la suspensión "intempestiva y arbitraria" de tratamientos médicos que venían desarrollándose con normalidad. Según explicó, el propio Insssep argumentó razones económicas para justificar la interrupción, lo que fue rechazado por la Justicia con base en criterios vinculados a derechos humanos.

"Se trata de un fallo que tiene como base la ley fundamental del amor", expresó Ferreyra Negri, quien además remarcó que el Hospital Italiano es el único centro que cuenta con el conocimiento específico para llevar adelante estos tratamientos, situación que quedó acreditada en el expediente con más de 200 pruebas.

Cobertura integral

El fallo obliga al organismo a brindar cobertura integral de 100%, incluyendo traslados, prótesis y todos los costos asociados a la atención, independientemente de la situación económica de la obra social.

De cara al vencimiento del plazo, el abogado fue claro sobre los pasos a seguir en caso de incumplimiento: "Tenemos preparado el pedido de astreintes, con multas que podrían recaer sobre el presidente y la vicepresidencia del Insssep, además de una denuncia penal por desacato", advirtió. No obstante, consideró que ese escenario es poco probable. "Confiamos en la independencia del Poder Judicial y en el peso de una sentencia unánime. Sería muy grave no cumplirla", sostuvo.

Las familias, que acompañaron el proceso judicial con toda la expectativa de una decisión favorable, dieron detalles de los reclamos y remarcaron que los profesionales no percibieron honorarios por su labor. El caso no solo impacta en la situación puntual de estas once familias, sino que también establece un precedente relevante en materia de acceso a la salud.