Se extiende una inédita huelga docente y atrae a otros sectores

   En distintos puntos del territorio se multiplican protestas y autoconvocatorias de trabajadores que denuncian el deterioro de las condiciones laborales y el impacto del ajuste económico. En el sector estatal, docentes autoconvocados protagonizan movilizaciones y asambleas en la capital y en el interior de la provincia. Sus reclamos se centran en la recomposición salarial y en la mejora de las condiciones laborales. Estas protestas comenzaron a confluir con trabajadores de la salud y empleados municipales, generando espacios de coordinación.

   Mientras tanto, las conducciones sindicales estatales firmaron acuerdos salariales con el gobierno provincial basados en actualizaciones automáticas según la inflación, lo que fue cuestionado por sectores que consideran insuficientes esos incrementos.

   En medio de este panorama, las autoconvocatorias y las coordinaciones entre distintos sectores aparecen como una de las principales expresiones de organización de los trabajadores frente a la crisis económica y laboral que atraviesa la provincia.

   En el sector industrial, varios conflictos reflejan un proceso de crisis productiva. En la empresa alimenticia CAMINO SA (ex Alco), los trabajadores denuncian atrasos salariales, deudas de aguinaldos y pagos parciales que se arrastran desde 2024. Según los empleados, quienes encabezaron reclamos por salarios adeudados enfrentaron despidos y persecuciones. Frente a esta situación, los obreros realizaron protestas, permanencias y distintas acciones para exigir el pago completo de sus haberes.

   La situación más grave se registró en la metalúrgica NEBA, ubicada en el parque industrial El Pantanillo, donde la empresa cerró la planta y despidió a más de 50 trabajadores. El cierre se venía gestando desde el año pasado con recortes y cesantías previas. Finalmente, el conflicto derivó en un acuerdo indemnizatorio que selló el cierre definitivo de la fábrica.

   Algo similar ocurrió en el sector textil y del calzado. En DABRA S.A., empresa del grupo Dexter, los trabajadores llegaron a su jornada laboral y encontraron la planta cerrada. La compañía justificó la decisión por razones económicas, aunque los empleados denunciaron que el cierre responde al aumento de importaciones de calzado. Tras negociaciones, se acordó el pago de indemnizaciones equivalentes al 80 %, lo que confirmó la clausura de la planta.

   En paralelo, en la textil VVC (ex Artex) continúan las denuncias por atrasos salariales y precarización laboral, pese a que la producción de la empresa sigue en funcionamiento. En todos estos casos, los trabajadores señalan un mismo patrón: empresas que trasladan la crisis a los empleados, mientras los conflictos terminan resolviéndose mediante cierres o acuerdos indemnizatorios.

   El malestar también alcanza al transporte público. Choferes de distintas empresas denunciaron atrasos salariales y realizaron medidas de fuerza, incluyendo paros y reducción de servicios.