Tensiones entre incentivo fiscal y control antilavado

   El Gobierno lo presenta como una herramienta para fortalecer reservas y dinamizar la inversión privada, pero su convivencia con el régimen vigente de prevención de lavado de dinero abre interrogantes técnicos y regulatorios, en especial sobre el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de analizar operaciones sospechosas.

   El nuevo régimen introduce cambios relevantes en materia tributaria. Eleva los umbrales de delito fiscal —hasta unos $100 millones para evasión simple y $1.000 millones para evasión agravada— y permite regularizar fondos sin costo mientras permanezcan dentro del sistema formal. Además, incorpora un "tapón fiscal": para quienes adhieran, el Estado no revisará el origen de los fondos declarados en períodos anteriores dentro de ciertos límites patrimoniales y de ingresos. A diferencia de blanqueos previos, no se trata de un programa temporal con alícuotas definidas, sino de un esquema permanente que reduce la exposición penal tributaria.

   Sin embargo, la ley no modifica la normativa de prevención de lavado de activos ni las obligaciones de reporte al sistema antilavado. La UIF mantiene intactas sus facultades legales para recibir, analizar y difundir inteligencia financiera vinculada a posibles delitos de lavado, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva. Las entidades financieras siguen obligadas a aplicar procedimientos de "conozca a su cliente" (KYC) y a informar operaciones sospechosas cuando el origen de los fondos no resulte justificable, incluso si esos fondos se declaran bajo el nuevo régimen fiscal.

   Ese desajuste normativo es el eje de las advertencias de especialistas. Señalan que el esquema fiscal relaja exigencias y sube umbrales penales sin modificar el sistema de prevención, lo que podría generar un aumento de reportes de operaciones sospechosas (ROS) en la UIF sin que necesariamente exista un correlato de causas penales tributarias. En la práctica, los bancos deben seguir reportando movimientos relevantes —por ejemplo, depósitos en efectivo superiores a 40 salarios mínimos— aunque el contribuyente esté amparado por la regularización fiscal.

   La situación plantea un escenario paradójico: el Estado incentiva la exteriorización de fondos prometiendo menor persecución fiscal, pero el circuito financiero mantiene intactos los controles antilavado. Así, una persona podría declarar activos sin costo tributario y, aun así, ser objeto de un reporte si la entidad considera que no se acreditó adecuadamente el origen del dinero. La UIF conserva la potestad de iniciar sumarios administrativos y presentar denuncias penales si detecta indicios de lavado, aun cuando el monto involucrado no supere los nuevos umbrales de delito fiscal.

   El contexto institucional agrega otra capa de complejidad. En 2025 un decreto limitó la capacidad de la UIF para actuar como querellante en causas judiciales, reduciendo su protagonismo procesal. Y en enero de 2026 renunció su titular, el fiscal federal Paul Starc, quien había impulsado una estrategia de cooperación internacional con organismos como FinCEN de Estados Unidos y participado en encuentros regionales de inteligencia financiera. Su salida se produjo en medio de cambios normativos y políticos vinculados al organismo.

   La experiencia comparada de blanqueos anteriores muestra diferencias significativas. Los programas de 2016-2017 y de 2024 incluyeron resoluciones específicas de la UIF que establecieron mecanismos de reporte y coordinación con el Banco Central. El esquema actual, en cambio, todavía espera reglamentaciones particulares del organismo antilavado que definan eventuales ajustes en umbrales o procedimientos. Hasta que eso ocurra, rige el marco general vigente.

   También pesa el factor internacional. La Argentina fue evaluada recientemente por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y obtuvo una aprobación ajustada. Analistas advierten que un régimen percibido como demasiado laxo podría generar cuestionamientos en futuras revisiones y exponer al país al riesgo de ser incluido en listas de seguimiento reforzado, lo que encarecería transacciones financieras y afectaría la reputación del sistema.

   Desde el oficialismo destacan los beneficios potenciales: estimaciones privadas calculan que entre 170.000 y 200.000 millones de dólares se encuentran fuera del circuito formal, y la meta es que parte de esos recursos se canalicen hacia depósitos, consumo e inversión. En esa lógica, el blanqueo permanente busca reducir el temor a sanciones fiscales y ofrecer previsibilidad a quienes decidan declarar activos.

   El resultado final dependerá de cómo se resuelva la tensión entre incentivo y control. Si la UIF ajusta sus criterios de reporte y coordinación con bancos y reguladores, el sistema podría encontrar un equilibrio operativo. Si no, el nuevo esquema podría derivar en una paradoja regulatoria: más fondos ingresando al sistema financiero, pero también más alertas antilavado, poniendo a prueba la capacidad de supervisión estatal y la coherencia del marco legal.