Demandan a la ANMAT por flexibilizar la Ley de Etiquetado Frontal

   La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADCOIN) cuestionan las disposiciones 11362/2024 y 11378/2024, dictadas en diciembre de 2024, por considerar que benefician a la industria alimentaria, debilitan la protección de la salud y generan confusión en los consumidores.

  La normativa original, vigente desde 2022, obliga a que alimentos y bebidas sin alcohol envasados incluyan sellos negros de advertencia cuando presentan exceso de azúcar, sodio, grasas o calorías. Fue aprobada por amplias mayorías legislativas y se basó en el Modelo de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), considerado un estándar robusto a nivel internacional.

   Según Fundeps, las nuevas disposiciones alteraron de manera sustancial el sistema de etiquetado. El cambio más relevante es que ya no se evalúa la composición total del producto, sino únicamente los nutrientes críticos agregados durante el proceso industrial. De este modo, quedan excluidos del cálculo nutrientes intrínsecos como azúcares naturales, sodio y grasas, lo que permite que muchos productos exhiban menos sellos sin haber mejorado su formulación.

   "La modificación cambió completamente el criterio de implementación", explicó Luz Baretta, coordinadora de Asuntos Legales de Fundeps. Como consecuencia, hoy existen productos en góndola con menos advertencias, aunque mantienen la misma composición. Para la organización, estas flexibilizaciones representan un retroceso y contradicen el espíritu y los estándares de la propia ley.

  Uno de los efectos más preocupantes es la confusión en la población. No hubo campañas oficiales para informar sobre los cambios, pese a que el etiquetado frontal ya estaba socializado y había demostrado influir en las decisiones de compra. Estudios del Ministerio de Salud indican que el 43% de las personas considera los sellos al comprar, y más de la mitad modifica su elección en productos como galletitas y bebidas.

   Además, las disposiciones debilitaron la protección de niños, niñas y adolescentes. En particular, se redujo de 18 a 16 años la edad alcanzada por las restricciones al marketing engañoso, dejando sin resguardo a un sector vulnerable. También se habilita que productos con sellos puedan destacar supuestos atributos saludables, generando mensajes contradictorios en un mismo envase.

   Desde Fundeps advierten que la industria ya está aprovechando estos cambios para eliminar sellos sin reformular productos, como ocurre con algunos quesos y leches. La demanda presentada busca suspender de inmediato las disposiciones cuestionadas y restituir los criterios originales de la ley. "Es una acción de protección colectiva para garantizar información clara y resguardar la salud, especialmente la de las infancias", concluyeron las organizaciones.