La Multisectorial de los Trabajadores del Chaco denuncia ajuste y pide respuestas

Organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos de la provincia del Chaco presentaron en las últimas horas documentos formales ante los tres poderes del Estado provincial —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— exigiendo respuestas frente a la grave crisis social, laboral y económica que atraviesa la provincia.

Denunciaron que las políticas de ajuste y el ahogamiento presupuestario están provocando la pulverización del salario, pérdida de puestos de trabajo, deterioro de la protección social y aumento de la pobreza, con especial impacto en trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, personas con discapacidad, infancias, pueblos originarios y amplios sectores populares.

En ese marco, expresaron su rechazo al proyecto de reforma laboral, mal denominado de "Modernización", al considerar que profundiza la precarización del empleo, debilita la negociación colectiva y vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional, en particular el artículo 14 bis, que garantiza el trabajo con derechos, el salario digno y la libertad sindical.

Entre los principales reclamos, las organizaciones exigieron la declaración y tratamiento urgente de la emergencia alimentaria, productiva y pediátrica; la protección integral de las personas con discapacidad frente a recortes de prestaciones, medicamentos y terapias; la defensa de las infancias ante el desmantelamiento de programas de cuidado y protección; y el resguardo de jubilados y pensionados, hoy afectados por la pérdida del poder adquisitivo y el acceso a medicamentos.

Asimismo, reclamaron salarios dignos y paritarias, especialmente para el sector público; políticas efectivas de prevención de la violencia de género; el respeto a los derechos de los pueblos originarios y a los procesos de memoria, verdad y justicia; y garantías democráticas para la protesta social, la organización sindical y la libertad de expresión.

Otro de los puntos señalados fue la necesidad de revisar los efectos de la adhesión al RIGI, advirtiendo sobre el riesgo de profundizar la dependencia del capital externo, debilitar las economías regionales y afectar a pequeñas y medianas empresas chaqueñas.

Las organizaciones también exigieron que la Legislatura del Chaco asuma su rol constitucional de control sobre el Poder Ejecutivo, trate de manera urgente los proyectos de emergencia presentados y rechace toda iniciativa que implique retrocesos en derechos sociales, laborales y previsionales.

En relación al Poder Ejecutivo, reclamaron la apertura inmediata de instancias reales de diálogo social y negociación colectiva, y advirtieron sobre el uso de mecanismos represivos frente a la protesta social. En tanto, solicitaron al Poder Judicial que garantice el pleno respeto de los derechos constitucionales y actúe ante situaciones de vulneración grave de derechos.

Finalmente, las organizaciones reafirmaron su voluntad de diálogo, pero advirtieron que continuarán organizándose y movilizándose para defender el trabajo con derechos, el salario digno y una vida con justicia social para el pueblo del Chaco.