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Ley de Glaciares

Alertan por falta de control e información en el debate 

Ante la intención del Gobierno nacional de reformar la Ley de Glaciares, especialistas vinculados al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) advirtieron sobre los riesgos de discutir cambios sin información científica actualizada ni organismos de control activos.

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   El presidente Javier Milei ya anticipó que buscará modificar la normativa vigente, lo que abrió un debate que atravesará al Congreso en los próximos meses.

   Lucas Ruiz, doctor en Ciencias Geológicas e investigador del Conicet que se desempeñó en el Ianigla, señaló que cualquier reforma debe basarse en datos confiables, algo que hoy no está garantizado. Recordó que el Inventario Nacional de Glaciares, creado por la propia ley, fue completado en 2018, pero su actualización —prevista cada cinco años— está prácticamente paralizada por falta de recursos y por el desfinanciamiento a la comunidad científica. "Sin información técnica es muy difícil tomar decisiones acertadas", advirtió.

   Ruiz también cuestionó las declaraciones de Milei contra los ambientalistas, a quienes el Presidente acusó de frenar el desarrollo. Para el glaciólogo, plantear que la protección ambiental es un obstáculo es un error conceptual que "nos llevó a la crisis climática actual". Aun así, rechazó posiciones extremas y sostuvo que la actividad económica y el cuidado del ambiente no son incompatibles: "Sin un ambiente sano es imposible un desarrollo sostenible".

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   El especialista reconoció que la transición energética requiere minerales estratégicos como el cobre, lo que implica ampliar la minería metalífera bajo estrictos estándares de protección ambiental. Aun así, criticó el enfoque "a todo o nada" del Gobierno: avanzar sin límites, dijo, "es pan para hoy y hambre para mañana", especialmente en provincias cordilleranas como Mendoza, altamente dependientes del agua proveniente del deshielo y de los glaciares.

   Ruiz también cuestionó a los gobiernos provinciales por la escasa implementación de la ley vigente: "Han tenido 15 años y muy pocas provincias han hecho algo. Mendoza se ha dormido en los laureles y ni siquiera cuenta con un organismo responsable de su aplicación".

   La discusión legislativa se centraría en redefinir y "acotar" la zona periglacial, lo que habilitaría la expansión de proyectos mineros e hidrocarburíferos en áreas hoy protegidas. Ruiz recordó las definiciones técnicas: los glaciares son masas de hielo perennes formadas por acumulación y compactación de nieve; la ley no protege toda la zona periglacial, sino las reservas de agua en estado sólido, incluidos los glaciares descubiertos y los de escombros. Cualquier actividad que afecte estas reservas está prohibida.

   Ante un eventual avance de la minería, el especialista llamó a evitar generalizaciones y evaluar cada proyecto de manera individual. Pero insistió en que modificar la ley sin controles ni datos vigentes es "doblemente peligroso".

   La polémica se intensificó tras declaraciones de Milei, quien afirmó que la reforma devolvería autonomía a las provincias para delimitar sus zonas periglaciares. El mandatario incluso sostuvo que la idea provino del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, aunque desde la gobernación negaron haber impulsado cualquier proyecto de reforma.

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