Preska ordenó a la Argentina que entregue los chats de Caputo y Massa
Para la magistrada, el gobierno está haciendo una maniobra dilatoria. El incumplimiento podría derivar en sanciones contra el país.

En el marco del juicio por YPF, la jueza Loretta Preska volvió a ordenarle a la Argentina entregar los chats junto con los mails de Luis Caputo y Sergio Massa. La audiencia se desarrolló entre los representantes de la Argentina y los fondos demandantes ante la jueza federal del distrito sur de Nueva York.
En la oportunidad, los temas principales de discusión de la audiencia se basaron en el proceso de discovery de los documentos que el demandante solicita para dar cumplimiento de la pena y la entrega de información relacionada con el "alter ego" de YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA), el Banco Nación e YPF.
La magistrada consideró que las objeciones del Estado argentino, basadas en supuestas restricciones constitucionales y legales locales, son parte de una estrategia dilatoria. Aunque aceptó fijar una fecha límite de cumplimiento para el 30 de octubre.
Durante la audiencia, los demandantes Levine Lee, King & Spalding, Kellogg Hansen insistieron en que los funcionarios usan chats y teléfonos personales para manejar asuntos de Estado y que hay evidencia pública de ello.
Así reafirmó su orden previa de ordenar que la Argentina otorgue mails y chats de Whatsapp del ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa. La jueza consideró que la falta de cumplimiento podría derivar en sanciones, como inferencias adversas o medidas de desacato.
LA ESTRATEGIA DE LA ARGENTINA
El gobierno celebró el respaldo de un grupo de países en la apelación en Estados Unidos para evitar la entrega de 51% de las acciones de YPF, como parte de pago de la sentencia por USD 16.000 millones por la expropiación de la petrolera.
En ese sentido, la Argentina sostiene que cumplir con la orden de Preska de entregar las acciones de YPF como parte de pago de la condena por 16.000 millones de dólares afectaría la soberanía económica y sentaría un precedente para la protección de activos estatales en el exterior.
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