Siete grandes exportadores se quedaron con el 86% de la baja de retenciones

La medida, que duró apenas tres días, generó malestar profundo en el sector rural, donde productores medianos y pequeños se sintieron excluidos. En círculos gremiales y políticos replicaron la crítica a un modelo que, a juicio de muchos, profundiza privilegios.

 Con la reaparición abrupta de las retenciones, complementada con una fuerte reacción negativa y una crítica que se extendió al interior de la Sociedad Rural, quedó claro que la política agropecuaria estaba lejos de estabilizar el sector y la economía, incluso cuando el Gobierno anunció un auxilio financiero de EEUU para ganar tiempo en el frente cambiario.

Negocio acaparado por grandes exportadores

El decreto 682/2025 estableció un cupo máximo de u$s 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) sin retenciones, o hasta el 31 de octubre. No obstante, la cifra se alcanzó en apenas tres días hábiles, lo que llevó a la reimplantación rápida de las retenciones sobre granos y subproductos. Según informes oficiales y del sector, desde su anuncio oficial el lunes 22 de septiembre hasta su cierre a fines de la semana siguiente, las grandes cerealeras presentaron ventas declaradas equivalentes a esos u$S 7.000 millones, explotando una oportunidad que se cerró abruptamente.

Siete exportadores concentraron el 86% del negocio: Louis Dreyfus, Bunge, Cofco, Cargill, Viterra, Molinos Agro y Aceitera General Deheza. Estas empresas, la mayoría multinacionales, pudieron declarar DJVE incluso por mercadería no sembrada ni comprada aún a los productores, asegurando embarques futuros libres del impuesto -una ventaja que dejó a los productores sin acceso real a la baja de retenciones.

El planteo más difundido entre los agricultores medianos y pequeños fue que, si bien la norma anunciaba un beneficio amplio, su aplicación práctica adjudicó las ganancias solo a las grandes exportadoras. La compraventa con productores siguió gravada con el 26% de retenciones, lo que provocó frustración y denuncias de "estafa" y "burla" hacia el Gobierno, que "traicionó" a su tradicional base electoral.

El impacto fiscal fue igualmente significativo. Analistas estimaron que el costo para las arcas públicas por esta bonificación temporal rondó los u$s 1.500 millones, suma que aumenta la presión sobre las cuentas externas y el equilibrio fiscal en un año ya marcado por la inflación alta y la incertidumbre financiera.

Además, el contexto externo complicó el escenario. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, expresó su malestar por la medida, en razón de que perjudicaba a los agricultores estadounidenses, facilitaba compras a China y tensaba las relaciones comerciales, jugando un rol clave en el repentino cierre anticipado de la medida.

La Sociedad Rural Argentina y otras entidades de la Mesa de Enlace solicitaron que se extienda el régimen, reclamando previsibilidad para que los productores puedan planificar sus campañas con reglas claras y evitando medidas paliativas que sólo agravan la desconfianza y la fragmentación sectorial.

Por su parte, la Cámara de Exportadores ARCA justificó la finalización anticipada del beneficio alegando que la medida cumplió su objetivo financiero de incrementar el ingreso de divisas en un contexto de crisis cambiaria, pero reconoció que la concentración de operaciones en pocas firmas fue un factor determinante.

En definitiva, la medida de retenciones cero, aunque concebida como un estímulo y mecanismo coyuntural para estabilizar la economía, terminó evidenciando la inequidad estructural del sistema agroindustrial argentino. Mientras grandes exportadores lograron asegurarse ganancias significativas y ventas privilegiadas, los productores quedaron marginados, enfrentados a la realidad de seguir tributando impuestos que recortan su rentabilidad.