Comienza el juicio contra el penitenciario que baleó al amante de su pareja

El próximo 24 de septiembre se dará inicio al juicio oral y público contra Adrián Cabral, cabo primero del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), que fue acusado de haber baleado a Marcelo Alegre, presunto amante de su pareja, en un hecho que sacudió a la comunidad de Fontana a fines del año pasado.

El proceso judicial se llevará a cabo en la Cámara Tercera en lo Criminal de la ciudad de Resistencia, en avenida San Martín 66, y estará presidido por el juez Ernesto Azcona, quien será el encargado de dirigir las audiencias y evaluar las pruebas presentadas por las partes. Alegre es representado por el abogado Ítalo Suligoy.

El episodio ocurrió el 29 de diciembre de 2024, en una cancha de fútbol del barrio Abrazo Cordial, donde Alegre se encontraba jugando un partido y compartiendo un asado con amigos.

Según la investigación, Cabral habría descubierto una relación sentimental entre su pareja y Alegre quien además era su cuñado y, en un ataque de furia se presentó en el lugar armado.

Vestido con el uniforme, Cabral extrajo una pistola calibre 9 milímetros y disparó directamente contra Alegre, hiriéndolo gravemente en la pierna izquierda. La víctima fue trasladada al Hospital "Julio C. Perrando", donde debió ser intervenida quirúrgicamente. Días después, debido a la severidad de la lesión, los médicos se vieron obligados a amputarle la pierna.

Lo más llamativo fue que, tras el ataque, Cabral se presentó a trabajar como si nada en el Complejo Penitenciario 1 de Villa Barberán, donde fue detenido por orden judicial. El arma utilizada no fue entregada por la fuerza penitenciaria.

La causa está caratulada como lesiones agravadas por el uso de arma de fuego y será debatida en el marco de un juicio oral en el que se espera la declaración de testigos, peritos médicos, especialistas en balística y familiares de ambas partes. El fiscal a cargo es Francisco De Obaldía Eyseric, quien en su momento otorgó la libertad al imputado bajo una caución real de un millón de pesos, medida que fue duramente cuestionada por la defensa de la víctima.

El agresor podría recibir una pena de tres a diez años.s