El Fondo advierte sobre nuevos juicios en el exterior contra la Argentina

   Según estimaciones privadas, el total de pasivos sujetos a disputa asciende a unos u$s 30.000 millones. El organismo instó al Gobierno a resolver estos conflictos de manera urgente, ya que podrían afectar la estabilidad económica a mediano plazo.

   Tras la primera revisión del acuerdo firmado en abril, el staff técnico del FMI analizó este escenario legal adverso. Si bien reconoció que el Gobierno argentino está negociando con los acreedores de buena fe, subrayó que es "crucial resolver los litigios pendientes" para evitar impactos futuros.

   Uno de los casos más relevantes es el de la expropiación de YPF, que implica una condena por u$S 16.100 millones. Aunque el gobierno ya apeló la sentencia, el proceso judicial continúa abierto y el país también cuestiona el monto reclamado.

   Otro fallo destacado es el del Cupón PBI, con sede en Londres. En octubre pasado, la Justicia británica dictó una sentencia firme contra Argentina por la manipulación de estadísticas de crecimiento económico durante el kirchnerismo, lo que evitó el pago de intereses a los tenedores de cupones.

   El fallo fue ratificado tras el rechazo de la apelación por parte de la Corte Suprema del Reino Unido. El FMI estimó el impacto en unos 1.600 millones de euros, e instó a alcanzar un acuerdo rápido sobre las condiciones de reembolso.

   Además, el FMI identificó tres casos clave en los que Argentina mantiene negociaciones activas con los acreedores:

• 1. Cupón PBI (Londres): Tras la sentencia definitiva, el Gobierno trabaja en un plan de pagos para cumplir con la deuda reconocida por los tribunales británicos.

• 2. Holdouts de la deuda de 2001: Se trata de acreedores que no participaron en los canjes de deuda realizados en 2005, 2010 y 2016. Representan un pasivo contingente de aproximadamente 2.400 millones de dólares. El FMI destacó que el Gobierno mantiene un seguimiento estrecho sobre este frente.

• 3. Mobil Exploration: El caso fue resuelto en el CIADI con una sentencia desfavorable para Argentina por 196 millones de dólares, debido a los daños que sufrió la petrolera tras la pesificación y congelamiento de tarifas en los años 2000. Las negociaciones para un acuerdo de pago siguen en curso.

   A pesar del volumen de estas obligaciones potenciales, el personal del FMI consideró que los recursos del organismo destinados a Argentina cuentan con salvaguardias adecuadas. Según el informe, estos litigios no comprometen los avances logrados por el país en su agenda de reformas ni afectan el programa económico vigente.

   El FMI insistió en que es necesario continuar los esfuerzos de buena fe en todas las negociaciones para evitar que estos procesos judiciales se conviertan en una amenaza mayor para la estabilidad macroeconómica.