Cifras críticas de siniestralidad vial
Un reciente informe de la asociación civil Luchemos por la Vida, la organización no gubernamental que promueve la seguridad y la educación vial, advierte que el país tiene cinco veces más muertes por millón de habitantes y once veces más muertes por millón de vehículos que los diez países más seguros del mundo en el tránsito.
Según los datos, el año pasado en todo el territorio nacional se registró 126 muertes por cada millón de habitantes y 425 muertes por cada millón de vehículos. Para dimensionar la gravedad, basta con comparar estos números con los de países que lideran las estadísticas en seguridad vial. Por ejemplo, Suecia tuvo solo 17 muertos por millón de habitantes y 32 por millón de vehículos; Noruega, 20 y 20 respectivamente; y Japón, 22 y 30. Países como España, Gran Bretaña, Dinamarca, Suiza, Alemania y Holanda también presentan cifras considerablemente más bajas.
El informe también advierte que cuando se compara la situación en países con índices similares o peores, Argentina se encuentra en un grupo preocupante. Colombia (127/336), Ecuador (129/751) y Sudáfrica (161/769) figuran entre las naciones con niveles alarmantes de mortalidad vial, aunque en muchos casos, superan a Argentina únicamente en una de las dos métricas. Sin embargo, esta comparación no puede usarse como consuelo, sino como una confirmación del lugar que ocupa el país en el mapa global de la inseguridad vial.
Lo que ocurre es que las estadísticas se traducen en tragedias cotidianas. Según esos números 16 personas mueren por día en siniestros viales en nuestro país, lo que suma más de 5.900 muertes anuales. Además, se registran más de 120.000 heridos al año, muchos de ellos con secuelas permanentes, y una gran cantidad de pérdidas materiales. Lamentablemente, esto se traduce en consecuencias humanas, sociales y económicas, tanto para las víctimas directas como para sus familias y comunidades.
Por otra parte, este nivel de siniestralidad representa una carga para el sistema de salud, afecta la productividad y, sobre todo, refleja la persistencia de problemas estructurales que no han sido debidamente abordados. Frente a esta realidad, el Estado argentino se ha comprometido, en el marco de las metas fijadas por la Organización de Naciones Unidas, a reducir en un 50% la mortalidad vial entre 2021 y 2030. Esta meta forma parte de un enfoque integral conocido como "Sistema Seguro para un Desarrollo Sostenible", que propone abordar la seguridad vial desde múltiples frentes, que incluye inversiones en infraestructura, educación, legislación, fiscalización y respuesta sanitaria.
La gran pregunta es: ¿se logrará esta vez? Los compromisos anteriores no han logrado resultados sostenibles. Por eso, para alcanzar esta meta es necesario voluntad política y una coordinación eficaz entre los distintos niveles del Estado, un rol más activo de la sociedad civil y una verdadera transformación cultural en la forma en que se concibe la seguridad vial.
Si bien el informe de Luchemos por la Vida no profundiza en las causas específicas detrás de estas cifras, pero sí permite intuir una serie de factores que históricamente han influido, como la falta de educación vial, escaso control y sanción, infraestructura deficiente, conductas de riesgo como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o drogas al volante y la baja utilización de elementos de seguridad, como el cinturón o el casco. Hay que decir también que la ausencia de datos desagregados sobre estos factores evidencia una debilidad en los sistemas de monitoreo y prevención del Estado, que no logra construir políticas basadas en diagnósticos precisos.
Argentina se encuentra muy lejos de los estándares deseables en seguridad vial y presenta una de las tasas de mortalidad más elevadas del mundo. La comparación con países líderes en esta materia expone el problema, y demuestra que es posible reducir los siniestros si se aplican políticas eficaces y sostenidas en el tiempo. La próxima década representa una oportunidad clave. Alcanzar la meta propuesta por Naciones Unidas exigirá una transformación profunda y sostenida, tanto en la gestión pública como en la conducta ciudadana.
La participación de la ciudadanía y la educación vial juegan un rol fundamental en el cambio de paradigma. En muchos de los países con menores tasas de mortalidad en el tránsito, la concientización de la población ha sido clave para transformar conductas de riesgo en hábitos seguros. Entre nosotros, sin embargo, todavía predomina una cultura vial permisiva, donde el respeto por las normas de tránsito parece estar subordinado a la comodidad personal.
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