El gobierno de Río Negro reabre el conflicto por Lago Escondido

   En una decisión que encendió alarmas en organizaciones sociales y ambientales, el gobierno de Río Negro publicó en el Boletín Oficial del 10 de julio que comenzará con tareas de mensura sobre una fracción del lote 79, Sección IX, Paraje El Foyel, en la zona de Lago Escondido, pese a que se trata de una tierra judicializada y pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

   El terreno en cuestión alberga el único acceso público al lago, por el conocido Camino de Tacuifí, que es bloqueado por la estancia del magnate británico Joe Lewis, quien desde hace más de dos décadas impide el ingreso libre a un bien de dominio público. La maniobra de avanzar con una mensura de deslinde y amojonamiento sobre esta parcela fue interpretada por diversas organizaciones como un intento de legalizar el cercamiento del lago.

   La decisión provincial contradice la expectativa de cientos de ciudadanos y colectivos que año tras año participan de la Marcha por la Soberanía, una movilización que denuncia no solo la irregular adquisición de 11.285 hectáreas por parte de Lewis, sino también la violación del acceso libre al espejo de agua. El conflicto se profundizó desde que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó en 2023 una demanda presentada por la actual legisladora Magdalena Odarda en 2005. El expediente ahora está en manos del máximo tribunal nacional.

   La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), encabezada por Hugo "Cachorro" Godoy, rechazó el anuncio de la provincia y lo calificó de "atropello institucional", advirtiendo que la medida ignora la vigencia de una causa judicial y pone en riesgo la soberanía territorial.

   A través de una nota presentada a la Dirección de Tierras de Río Negro, la central sindical, junto a otras organizaciones que integran la lucha por el acceso a Lago Escondido, exigió que se interrumpa cualquier trámite de titulación o mensura hasta que se resuelva la legalidad de la tenencia sobre esas tierras fiscales.

    "Estamos hablando de tierras públicas ubicadas en zona de frontera, cuya regulación está sujeta a normas específicas por su valor estratégico en términos de soberanía nacional", remarcaron en el documento. Además, pidieron que se cumpla toda la normativa ambiental vigente, al considerar que se están vulnerando leyes que protegen el interés colectivo sobre estos espacios.

   El conflicto por Lago Escondido, lejos de cerrarse, suma un nuevo capítulo de tensión entre intereses privados, falta de control estatal y una ciudadanía que insiste en el derecho constitucional al libre acceso a los cuerpos de agua públicos. 

*Publicado en REALPOLITIK.com.ar