Camioneros: empleados de la obra social protestan contra Moyano

   Los trabajadores de la obra social de Camioneros (OSCHOCA) iniciaron medidas de fuerza para reclamar el pago de salarios atrasados y denunciar condiciones laborales precarias. Las protestas apuntan directamente a la conducción del sindicato, encabezada por Hugo Moyano, responsable de la administración de la prestadora de salud.

   El conflicto se volvió visible el pasado viernes cuando el personal del Sanatorio San Justo realizó un corte de calle en reclamo por el incumplimiento salarial. Desde entonces, mantienen una asamblea permanente en ambos sanatorios gestionados por la obra social. Los trabajadores rechazaron la oferta de la dirigencia de abonar solo el 50% de los sueldos adeudados. "Todo o nada", fue la respuesta de los empleados, que exigen el pago completo y la regularización de los aportes patronales.

                 Los reclamos de empleados, usuarios y prestadores vienen desde hace tiempo. 

   Además de los salarios, denuncian la falta de entrega completa de la indumentaria obligatoria. Según afirman, la conducción los obliga a firmar recibos por kits completos que nunca llegan en su totalidad.

                 Los reclamos de empleados, usuarios y prestadores vienen desde hace tiempo. 

  El conflicto ocurre en un contexto de fuerte deterioro en la estructura de la obra social OSCHOCA. Afiliados reportan una importante pérdida de profesionales médicos debido a incumplimientos contractuales, lo que redunda en una creciente precarización del servicio. Mientras tanto, señalan el crecimiento de IARAI S.A., una empresa prestadora privada vinculada a la familia Moyano, contratada por la propia OSCHOCA. La simultaneidad entre el vaciamiento de la obra social y el fortalecimiento de esta firma privada genera cuestionamientos sobre el uso de los fondos sindicales.

También los profesionales

   Los reclamos no se limitan al personal del sanatorio. En Mar del Plata, más de 30 acompañantes terapéuticos también protestaron frente a la sede local de OSCHOCA. Denuncian que llevan tres meses sin cobrar por los servicios prestados a personas con discapacidad afiliadas a la obra social.

  En declaraciones públicas, los profesionales aseguraron que algunas familias que reclamaron por la interrupción de las prestaciones fueron "amedrentadas" con amenazas de perder el servicio. "Se están vulnerando derechos básicos de personas con discapacidad. La situación es crítica", advirtieron.

   La problemática se inserta en un escenario más amplio: la precarización estructural de quienes prestan servicios a personas con discapacidad en la Argentina. Estos trabajadores —que incluyen terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, entre otros— denuncian pagos atrasados, valores desactualizados y escasa regulación estatal. En el caso puntual de los acompañantes terapéuticos, ni siquiera existe un valor orientativo oficial que regule sus honorarios, lo que deja la tarifa sujeta a la discrecionalidad de cada obra social.

   A esto se suma que muchas entidades del sistema de salud, incluidas algunas sindicales como la de Camioneros, autorizan menos sesiones que las indicadas por los médicos tratantes, lo que recorta la calidad de la atención y pone en jaque la continuidad de tratamientos esenciales.

   La deuda de OSCHOCA con los prestadores de discapacidad, así como con su propio personal, evidencia no solo una crisis de gestión sino una desconexión entre la dirigencia sindical y las necesidades concretas tanto de trabajadores como de afiliados. Mientras el gremio mantiene una posición de poder dentro de las negociaciones paritarias, crecen los cuestionamientos sobre el destino de los fondos y el manejo de la obra social.

   Los trabajadores, tanto del sector salud como del área terapéutica, advierten que mantendrán las protestas hasta obtener respuestas concretas. La situación sigue abierta y sin resolución a la vista.