Se cumplen 20 años de la creación de la Comisión Provincial por la Memoria

Hoy, 13 de julio se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 5582/05, actualmente identificada como Ley 1412-A, que estableció la creación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM Chaco) y del Registro Único de la Verdad (RUV), con sede en el edificio de la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia, uno de los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976–1983).

La norma fue impulsada por diversos sectores vinculados a los derechos humanos y aprobada por la Legislatura del Chaco el 13 de julio de 2005. Estableció el funcionamiento de un organismo con integración plural, conformado por representantes de organismos de derechos humanos —como H.I.J.O.S. Chaco, Ex Detenidos por Razones Políticas, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, la Red por la Identidad y la Comisión Permanente por los Derechos Humanos— así como por miembros de los tres poderes del Estado provincial.

Desde entonces, en el espacio conocido como Casa por la Memoria funciona el RUV, un museo y una biblioteca especializados en derechos humanos. En 2023 se incorporó un nuevo espacio en Presidencia Roque Sáenz Peña, también denominado Casa por la Memoria.

DOS DÉCADAS DESPUÉS 

El objetivo central de la ley fue establecer una política pública orientada a la recuperación, preservación y difusión de la memoria sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia durante el período dictatorial.

La iniciativa se desarrolló en concordancia con tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la Argentina, así como con la Ley Nacional de Sitios de Memoria N.º 26.691 y los principios establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para espacios de memoria.

En ocasión del vigésimo aniversario, desde la Comisión Provincial por la Memoria se expresó preocupación por la situación actual del organismo. Se señalaron deficiencias estructurales en el edificio de la sede, falta de recursos financieros para las actividades y tareas de mantenimiento, y condiciones laborales precarias para parte del personal. Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de garantizar el funcionamiento adecuado de ambos espacios —en Resistencia y en Sáenz Peña— y de mantener políticas públicas vinculadas a la memoria como una línea de acción institucional sostenida. 

Desde la CPM Chaco se convocó a acompañar los reclamos de puesta en valor del patrimonio histórico vinculado a los derechos humanos y se dirigió un pedido a las autoridades de gobierno para asegurar los recursos y el respaldo necesarios.

La ley 5582/05 fue presentada originalmente a través de distintos proyectos legislativos, entre ellos los de los entonces diputados Eduardo Moro y Daniel San Cristóbal. Su aprobación representó, en el ámbito provincial, la institucionalización de un proceso de recopilación y resguardo de información sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Chaco durante el terrorismo de Estado, entre ellas la Masacre de Margarita Belén y otros casos documentados por el RUV.