Nuevo procesamiento para el expresidente Fernández, ahora por corrupción

El juez federal Sebastián Casanello procesó este jueves al expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga irregularidades en el manejo de contratos de seguros de entidades públicas durante su gestión. El procesamiento fue por el delito de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", que castiga con una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua al funcionario que "se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero".

Para el juez está claro que Fernández intervino, como presidente, para favorecer los negocios del bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, una persona "de su círculo íntimo" para quien había trabajado como asesor (entre 2010 y 2019, Martínez Sosa fue el principal cliente de Fernández, que por entonces bridaba servicios de abogado y lobista).

De los negocios que multiplicó Martínez Sosa también era parte su mujer, María Cantero, secretaria privada del expresidente. Según Casanello, Fernández se involucró en el "plan de expansión de los negocios" del grupo de Martínez Sosa con el Estado, expansión que se constata en los números. Sus comisiones, durante el gobierno de Fernández, fueron de $2252 millones y representaron casi el 60% del total de las comisiones que pagó Nación Seguros.

En su fallo, Casanello ordenó un embargo sobre los bienes del expresidente de $14.634.220.283,68. Y procesó, junto con Fernández, a otras 33 personas, incluidos Cantero (por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria), Martínez Sosa (como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles) y el exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano (por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles).

La lista de delitos que a juicio de Casanello se habrían cometido en este caso incluye además lavado de dinero y cohecho, porque se sospecha que el exfuncionario de Nación Seguros, Mauro Tanos, y su mujer recibieron sobornos de parte de aseguradoras a través de cooperativas. Tanos era el responsable de la Gerencia de Área Sector Público Nacional de Nación Seguros durante el gobierno de Alberto Fernández. Después, Javier Milei lo ascendió a gerente general de este organismo, pero lo despidió cuando los investigadores empezaron a reunir pruebas en su contra en esta causa.

Más allá de las sanciones que podrían caberles a las personas físicas involucradas en la causa, el juez pretende avanzar contra las personas jurídicas, que desde 2017, también tienen responsabilidad penal. Casanello citó a indagatoria a ocho empresas de seguros y esta mañana, antes de firmar los procesamientos, dispuso una serie de allanamientos en compañías.