Impulsan un nuevo régimen de concesiones para atraer inversiones privadas

Los diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Iván Gyoker y Maida With, presentaron un proyecto de ley que propone crear nuevo régimen legal de concesiones y participación público-privada (PPP) para el desarrollo de obras y servicios públicos en la provincia.

La iniciativa, que retoma una idea que no alcanzó a ponerse en práctica a nivel nacional durante la gestión de Mauricio Macri, busca sustituir "normativas obsoletas" y crear condiciones que fomenten la inversión privada, en tiempos en que la norma es el retiro del Estado.

El texto plantea un sistema de contratación "más ágil, transparente y flexible", que permitirá al Estado provincial "delegar en privados el diseño, financiación, ejecución, mantenimiento y explotación de obras públicas", bajo contratos de concesión o esquemas PPP.

A cambio, los concesionarios podrán recuperar su inversión mediante el uso y explotación de la infraestructura, con plazos definidos o variables según criterios financieros como la tasa interna de retorno (TIR) o el valor actual neto (VAN).

ACTORES Y CONTROLES

Entre los principales puntos, el proyecto autoriza la presentación de iniciativas privadas, habilita la constitución de sociedades de propósito específico y contempla el uso de fideicomisos para facilitar la financiación de obras. Además, se prevé la aplicación de mecanismos automáticos de actualización económica y la posibilidad de implementar financiamiento mixto en proyectos no rentables comercialmente pero de alto valor público, como rutas o redes de agua potable.

El nuevo régimen también incluye incentivos fiscales: los ingresos derivados de la concesión estarán exentos hasta en un 30% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por cinco años. Al término del contrato, las obras deberán ser entregadas al Estado en buen estado, sin compensación adicional.

En cuanto a los controles, el Poder Ejecutivo deberá informar periódicamente a la Legislatura sobre los contratos vigentes y su evolución. También se contempla resolver controversias mediante arbitrajes o paneles técnicos, sin excluir el control judicial.