El INTA perdió cientos de profesionales

   Desde fines de 2024, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa un proceso de ajuste impulsado por el Gobierno nacional bajo el nombre de "modernización". En noviembre pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se eliminarían 227 contratos, pero los números oficiales eran diferentes a los que difundió: mientras el Gobierno decía que había 6.852 empleados, la planta real era de 6.123. A mediados de 2025, esa cifra ya bajó a 5.812.

   Según trabajadores del organismo, el recorte no solo responde a una cuestión presupuestaria, sino a un intento más profundo de rediseñar su estructura y funciones. "Estamos con la misma dotación de personal que en 1988, pero con 20 millones más de argentinos. Si la planta del INTA hubiese crecido al ritmo de la población, hoy debería tener unos 7.800 agentes", señalan desde el organismo.

   El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, reforzó esta línea en una reciente entrevista, donde sostuvo que el INTA necesita una "transformación integral". Esto incluiría la reducción de personal, la venta de inmuebles (ya concretada en Buenos Aires y Salta) y un cambio en la composición de su directorio, dándole mayoría al Poder Ejecutivo.

   Ariel Pereda, director nacional del INTA, advirtió en el Senado que este cambio atentaría contra la independencia del organismo. "Hoy el sector productivo tiene mayoría en el directorio, mientras que el Estado es minoría. Eso garantiza que el INTA pueda sostener políticas públicas más allá del gobierno de turno", explicó. También destacó la importancia territorial del organismo: "En cada pueblo hay una agencia, un técnico, un investigador. Sin el INTA no habría malbec, arroz ni vacunas para el ganado. Todo lo que se produce en el país en materia vegetal, en su mayoría, es gracias a su tecnología".

   Pereda subrayó que el INTA no es una estructura inmóvil. "Nos venimos reconfigurando desde hace décadas. Es una institución sana, que agrega valor a las economías regionales y sostiene la ruralidad. Además, su presencia evita el éxodo del campo hacia las grandes ciudades", afirmó.

   El delegado gremial Germán Gonaldi, del Instituto para la Agricultura Familiar, aportó números más recientes: de 2023 a 2025 se perdieron más de 700 trabajadores, pasando de 6.514 a 5.812. "Hubo 300 retiros voluntarios, otros renunciaron por los bajos sueldos —perdimos un 40% de salario real— y muchos se jubilaron o se fueron por el maltrato laboral", detalló.

   Según Gonaldi, el Gobierno apunta a una reducción aún mayor, con el objetivo de dejar la planta en 4.500 trabajadores. El impacto también alcanzaría a los becarios: "Podrían quedar unos 400 sin trabajo". La incertidumbre es total: "Vivimos con miedo, sin saber qué va a pasar mañana. Es un desgaste brutal para la salud mental".

   Además del ajuste, también hay restricciones ideológicas. "No podemos hablar de agroecología, de agricultura familiar ni de territorio. Dicen que son expresiones politizadas", contó. Y recordó la importancia del trabajo del INTA en zonas como el cordón frutihortícola de La Plata, que produce el 60% de las verduras que consume el AMBA.

   Desde el organismo compartieron un documento que resume 100 logros recientes, entre ellos: kits para detectar enfermedades virales en el maíz, nuevas variedades de arroz, reconversión vitivinícola, acceso al agua en comunidades rurales del NOA y desarrollo de genética ovina.

   "El INTA es soberanía científica, tecnológica y alimentaria. ¿A quién le conviene su desmantelamiento? No lo sé. Tal vez a un puñado de multinacionales. Pero como país, perderíamos mucho", concluyó Gonaldi. Y respondió a los cuestionamientos de Sturzenegger, quien dijo que el presupuesto del INTA equivale a la mitad de las retenciones al maíz: "El INTA le devuelve al país más de diez pesos por cada peso que invierte".