CFK: argumentos principales del fallo de la Corte 

   El tribunal consideró que la defensa no cumplió con los requisitos formales de fundamentación autónoma (el escrito de interposición del recurso extraordinario debe valerse por sí mismo para exponer los argumentos de la apelación, sin remitirse a escritos anteriores), ni demostró adecuadamente las supuestas violaciones a principios como la imparcialidad judicial, el principio acusatorio o el de cosa juzgada. La Corte concluyó que la sentencia apelada de la Sala IV se basó en la prueba producida y en la ley, respetando el debido proceso.

   La Corte desestimó la queja de Fernández de Kirchner contra aquella sentencia por no haber cumplido el requisito formal de fundamentación autónoma, que exige un relato detallado de los hechos y una crítica razonada de la sentencia impugnada, sin referencia a escritos previos.

   El Supremo Tribunal consideró que la Sala IV no violó principios de independencia ni de imparcialidad judicial, y que la defensa "conjetura" sobre conexiones y encuentros sin encuadrar en los supuestos específicos de recusación establecidos por ley.

   Distinguió entre el deber de imparcialidad y el deber de objetividad que se exige de los jueces, mientras que los representantes del Ministerio Público Fiscal, al ser parte acusadora, solo tienen deber de objetividad, no de imparcialidad.

   A continuación, la Corte rechazó la queja por supuesta "violación del principio de congruencia", porque determinó que la base fáctica de la imputación no fue modificada sustancialmente durante el juicio, y las nuevas circunstancias sirvieron para contextualizar hechos ya imputados.

   Luego, denegó la procedencia de la pretensión de someter a estudios técnicos la evolución patrimonial de los principales accionistas de todas y cada una de las empresas constructoras que resultaron adjudicatarias de obra pública vial, en cualquier lugar del territorio nacional, para el período comprendido entre 2003 y 2015. Justificó la denegación argumentando que se optó por prueba informativa sobre la asignación de fondos y un peritaje muestral "suficiente y ajustado a los principios de economía procesal e idoneidad de la prueba".

   Más adelante, la Corte argumentó que no se violó el principio de "igualdad de armas" porque la defensa no demostró un perjuicio concreto, fue notificada fehacientemente sobre la incorporación de la prueba y tuvo oportunidad de compulsarla. Asimismo, el Tribunal rechazó el argumento de la defensa sobre la violación de la cosa juzgada, porque la defensa no demostró haber sido parte de los procesos judiciales provinciales anteriores en Santa Cruz que citaba, ni la identidad de objeto entre esas causas y la causa federal.

   En su queja, la defensa afirmaba que había "violación del principio de cosa juzgada" porque la mayoría de las obras investigadas en la causa ya habían sido "evaluadas por la Justicia de la provincia de Santa Cruz", que según ellos había "descartado su ilicitud". También insistía en que, dado que una denuncia previa por administración fraudulenta había sido desestimada en el fuero provincial de Santa Cruz y se trataba de un delito continuado, no debía investigarse nuevamente.

   El análisis de la Corte consideró que la defensa se limita a una descripción somera de la cuestión y a la reiteración de argumentos desarrollados a lo largo del pleito, "desentendiéndose así de las consideraciones formuladas por el tribunal revisor" (la Cámara Federal de Casación Penal ya había examinado y rechazado este agravio). 

   Además, la defensa intentó extender los efectos de lo resuelto en sede local (Santa Cruz), donde no fue parte (lo cual ella misma reconoce), para evitar un futuro pronunciamiento en el juicio federal. La Corte consideró que el planteo es "inadmisible por falta de identidad subjetiva" y de "identidad de objeto" entre el caso federal y los procesos provinciales.

   La Corte concluyó que el déficit de fundamentación es "inequívocamente grave", lo que impuso la desestimación del agravio.

   Luego, la Corte Suprema abordó el argumento de la defensa sobre la arbitrariedad de la sentencia en relación con la tipicidad de la conducta (el encastre de los hechos considerados en la figura penal invocada), señalando a la defensa que, al reprochar al tribunal revisor no haber dado una respuesta específica a sus reclamos, no identificó cuáles fueron los argumentos relevantes para la solución del caso cuyo abordaje y respuesta habría sido omitido.

   La Corte observó que el "discurso reiterativo de la apelante" solo evidenció su desacuerdo con el pronunciamiento, sin llevar a cabo una efectiva refutación de los argumentos sostenidos en la sentencia apelada. La Cámara de Casación ya había señalado que el planteo de la defensa era una "reedición de todo aquello que fue oportuna y fundadamente descartado por el ‘a quo’".

   En la conclusión general, la Corte sostuvo que la sentencia se basó en la profusa prueba producida y valorada según las reglas de la sana crítica, aplicando el Código Penal, sin que se haya demostrado que la decisión no fuera una derivación razonada del derecho vigente o que se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso fue salvaguardado y la sentencia se consideró fundada en ley.