Un cambio de paradigma en la donación de órganos
Desde la sanción de la Ley Justina en julio de 2018, Argentina experimentó un giro importante en su política de donación de órganos. Esta legislación, oficialmente conocida como Ley 27.447, estableció que toda persona mayor de 18 años es considerada donante presunto de órganos y tejidos, salvo que haya manifestado su oposición en vida. Este cambio, que invierte la lógica tradicional de consentimiento explícito, constituye un antes y un después en materia de salud pública.
El caso que motivó esta ley fue el de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que falleció en 2017 mientras esperaba un trasplante de corazón en la Fundación Favaloro. La movilización social generada por su historia impulsó un debate nacional sobre el sistema de donación de órganos. La respuesta fue la aprobación de una norma que convirtió a la donación en un principio por defecto.
Este cambio de paradigma simplifica el proceso de procuración de órganos, eliminando la necesidad de obtener un consentimiento explícito, salvo en los casos en que exista una negativa registrada. Además, refuerza la solidaridad de la comunidad sobre un problema de salud que afecta a miles de personas. A fines de mayo de 2025, 7.378 argentinos se encontraban en lista de espera para recibir un órgano, y su posibilidad de sobrevivir depende, en muchos casos, del compromiso de toda la sociedad.
Desde la implementación de la Ley Justina, los resultados han sido alentadores. En lo que va del año, se concretaron 1.613 trasplantes de órganos y córneas que beneficiaron a 900 pacientes. Estos procedimientos incluyeron 643 trasplantes renales, 177 hepáticos, 47 cardíacos, entre otros. Detrás de estas cifras, se encuentran 787 procesos de donación —359 de órganos y 428 de córneas—, que representan decisiones profundamente humanas tomadas por las familias en momentos de dolor extremo.
El trasplante de órganos, a diferencia de otros tratamientos médicos, requiere una participación activa de la sociedad. Por eso, la ley también incorpora mecanismos institucionales para garantizar un sistema transparente y eficaz. Establece la creación de Servicios de Procuración en hospitales públicos y privados, define los derechos de donantes y receptores, y refuerza las funciones del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante). Además, contempla sanciones ante posibles irregularidades, lo cual fortalece la confianza en el sistema.
No obstante, la concientización ciudadana sigue siendo un desafío. Persisten temores infundados y prejuicios culturales que pueden obstaculizar el proceso de donación. Es necesario continuar promoviendo campañas educativas que lleven tranquilidad a la ciudadanía explicando el funcionamiento del sistema, destaquen su equidad y resalten el impacto positivo de cada donación. El Día Nacional de la Donación de Órganos, celebrado el 30 de mayo, sirvió para visibilizar estas cuestiones y reforzar la solidaridad como valor fundamental.
Un aspecto a tener en cuenta es que las instituciones públicas, donde se realizan gran parte de los trasplantes, requieren inversiones constantes para mantener la infraestructura, capacitar al personal y asegurar la disponibilidad de insumos médicos, por lo que es de esperar que prevalezca el sentido de bien común y se garantice el buen funcionamiento del sistema público de salud.
En este sentido, la Ley Justina también debe ser entendida dentro de un marco más amplio de políticas públicas orientadas a garantizar derechos esenciales.
Es importante señalar que la expresión de la voluntad respecto a la donación de órganos puede realizarse de diversas maneras, todas accesibles y seguras. Las personas pueden registrar su decisión a través de la app Mi Argentina, una herramienta digital que permite realizar trámites de forma rápida y centralizada. También es posible firmar un acta de expresión de voluntad en el INCUCAI o en los organismos provinciales de ablación e implante. Otra opción es solicitar que esta información quede asentada directamente en el Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento de su renovación.
Cada trasplante es el resultado de una cadena de acciones coordinadas y solidarias. La participación de la sociedad, expresando su voluntad de donar, es el punto de partida. A ello se suma la labor incansable de los profesionales de la salud que intervienen en cada etapa del proceso, desde la detección del potencial donante hasta la cirugía del receptor. Además, los organismos provinciales de procuración, integrados al sistema sanitario nacional, cumplen un rol clave en la logística y en la garantía de que cada paso se realice con transparencia, equidad y profesionalismo.
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