Violencia de género digital: Gobierno destacó fallo que condenó a empleados públicos

La subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra, junto con el subsecretario Julio Ferro, de Legal y Técnica del Ejecutivo, se refirieron al fallo que condenó a tres personas, entre ellas una mujer, marcando un precedente en la lucha contra la violencia digital que, en este caso, tuvo víctima a una funcionaria. "El fallo no solo expone prácticas aberrantes, sino también el silencio cómplice de quienes debieron proteger a la víctima", aseguraron.

La jueza de Faltas Marcela Cortés dictó la condena por violencia de género digital que se dio "en el marco de una asamblea gremial", sentando un precedente histórico en materia de protección de derechos digitales e integridad de mujeres trabajadoras del Estado, remarcando el riesgo que significa para las funcionarias públicas convivir en este contexto especialmente cuando tienen el deber de accionar impartiendo orden en el ámbito de la administración pública. El fallo condena a tres personas -dos de ellas empleadas públicas- por la difusión no consentida de imágenes íntimas pertenecientes a una funcionaria del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos. "Las imágenes fueron compartidas entre mayo y junio de 2024, a través de redes de mensajería, y que habían sido enviadas incluso al número institucional del gremio UPCP, a nombre de su secretario general José Niz".

Uno de los condenados deberá abonar una multa equivalente a 16 salarios mínimos vitales y móviles, además de realizar tratamiento psicológico con enfoque de género. Los otros dos responsables deberán pagar multas de siete salarios mínimos cada uno y cumplir con capacitaciones obligatorias en el marco de la Ley Micaela. Entre los condenados figura una mujer.

Desde el Poder Ejecutivo se ordenó cumplir con todos los actos administrativos a fin de que sean aplicables las sanciones correspondientes a los dos empleados públicos involucrados, quienes prestaban servicios en el Ministerio de Gobierno. Asimismo, se ha ordenado la retención de haberes correspondiente.

"No vamos a permitir que ninguna funcionaria, directora ni ninguna trabajadora del Estado sufra ningún tipo de violencia dentro del ámbito laboral ni gremial", expresó la subsecretaria Ibarra. Asimismo, se cuestionó la pasividad de UPCP, que no activó ningún protocolo institucional ante un hecho de extrema gravedad que afectó la integridad de una mujer, al contrario, en el expediente se puede observar la intención maliciosa con las cuales se han difundido estas imágenes.

Por su parte, Julio Ferro ratificó la decisión del Ejecutivo de ir "hasta las últimas consecuencias" en los procesos administrativos contra los empleados involucrados. "El funcionario público debe ser ejemplo. No hay lugar en esta gestión para quienes ejercen violencia desde el poder institucional", expresó.