A 33 años del doble homicidio de la avenida Paraguay
Más de tres décadas y ningún rastro de los asesinos de Amanda Encaje y Né stor Vivo. Una deuda con las familias pese a la proclamación de la OEA.
El 8 de abril de 1992, Amanda Encaje y Néstor Vivo fueron brutalmente asesinados en la casa ubicada en avenida Paraguay 787. Frente a ese inmueble, se ha erigido un espacio en memoria de ambas víctimas. Este doble crimen es considerado uno de los más conmocionantes en la historia del crimen en el Chaco, y hasta el día de hoy permanece impune. Vivo, de 35 años, era ingeniero en la empresa Supercemento. Encaje, de 45, también trabajaba para la misma compañía. Ambos habían acudido a supervisar las refacciones que se estaban realizando en la casa con el propósito de que allí funcionaran oficinas de la firma constructora. Era aproximadamente la una de la tarde del 8 de abril de 1992. Horas después, cuando regresaron los albañiles encargados de los trabajos, encontraron los cuerpos sin vida de Amanda y Néstor, quienes habían sido asesinados a golpes.
La brutalidad del doble homicidio, el hecho de que las víctimas trabajaran para una de las empresas más poderosas de la región y la impunidad con la que actuaron los perpetradores (en pleno día y en una zona densamente poblada) impactaron fuertemente en la opinión pública. A esto se sumó una ola de rumores que vinculaban el crimen con negociaciones ilegales en la obra pública y contratos de concesión de redes viales mediante peajes. Las familias de las víctimas comenzaron a vivir una pesadilla interminable. Al dolor por lo ocurrido se unió la falta de interés palpable por parte de las autoridades políticas y judiciales de aquel entonces para esclarecer el caso.
Con el sello de la mafia
Repasando los archivos de NORTE, la hija de Encaje, Andrea Martínez, sostuvo que "fue un crimen mafioso". Dado que la impunidad se prolongó hasta la actualidad, los seres queridos de Amanda llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA (Organización de los Estados Americanos) que tiene facultades de monitoreo sobre posibles casos de denegación de justicia o de violación de los derechos civiles en los países del continente. La CIDH primero admitió analizar el caso chaqueño (lo que de por sí ya indicaba que se habían encontrado en él indicios ciertos de irregularidades en la actuación institucional provincial) y años después dictaminó que el Estado no había agotado las acciones necesarias para esclarecer el doble homicidio, marcando irregularidades, incorrecciones y desidia en la labor policial y judicial.
El Acuerdo de Solución Amistosa
En 2021, a raíz de lo resuelto por la CIDH, el gobierno de Jorge Capitanich formalizó un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA, según la terminología de la OEA) con los hijos de Amanda Encaje. En primer término, el gobernador cumplió con el mandamiento de la Comisión Interamericana de que hubiera una expresión concreta de reconocimiento de responsabilidad de la denegación de justicia. Una suerte de pedido de perdón, de carácter institucional, por el que las familias Encaje y Vivo esperaron treinta años.
Además del pedido de disculpas, los hijos de Amanda plantearon otras condiciones para el acuerdo amistoso. Una de ellas es que se creen en el ámbito del Poder Judicial unas "defensorías públicas de las víctimas", que permitan a quienes sufren diferentes tipos de crímenes y delitos, y/o a sus familiares, acceder a asistencia legal adecuada para que avancen las causas judiciales abiertas para el esclarecimiento de esos hechos.
La denegación de Justicia
Andrea Martínez, hija de una de las víctimas, y el abogado Marcos Molero hablaron con NORTE Play de lo que dejó ese crimen impune y de los compromisos del Chaco ante la OEA que se mantienen pendientes.
"Es un año más, se cumplen 33 años de ese aberrante crimen, que pasó a ser el ícono de la impunidad en la provincia. Quedó demostrado que el móvil no fue el robo ni cuestiones personales: los ultiman de una manera atroz, pocas veces vista".
"Cada 8 de abril es volver a revivirlo, es triste e intentamos quedarnos con el mejor recuerdo de mi madre, intentamos resignificar la muerte de ellos dos por medio de este acuerdo de una solución amistosa que firmamos con el Estado argentino. Cuando en 2008 nos avisa el juez que la causa prescribiría, decidimos ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacer la denuncia pertinente por denegación de justicia en una causa viciada de irregularidades. Entonces, atados de pies y manos acudimos al organismo y en 2018, la comisión admite la causa y nos da la posibilidad de hacer una solución amistosa con el Estado. En 2021, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo reconocieron ante nosotros la denegación de justicia", señaló la hija de Encaje.
La ley que no se cumple y una burocracia eterna
El abogado Molero, sobre el acuerdo entre la familia de Encaje y el Estado, refirió que "se está cumpliendo muy poco. En concreto, los poderes del Estado provincial reconocieron la denegación de justicia, es una verdadera manifestación de ineficacia que campeaba en aquel momento y 33 años después sigue tan vigente como en aquella oportunidad".
Por otra parte, Molero admitió: "Más allá de este gesto de voluntad de reconocimiento, que es destacable, se deben cumplir ciertas pautas que se avizoran por lo menos lejanas lo que llama poderosamente la atención porque ni siquiera tienen un impacto económico o presupuestario, que pudieran ser obstáculos que dificultaran la implementación de mecanismos que tienen un denominador común: que las nuevas víctimas no deban padecer el infructuoso derrotero burocrático que imperó sobre las familias Encaje y Vivo".
Molero hizo referencia a la ley que "crea la figura de Defensor de Víctimas (defensores oficiales) que tenga una especialización para poder solventar las inquietudes de hechos similares, y la creación de base de material genético, del cual ni siquiera hay perspectiva, y un observatorio que siga los casos como el doble crimen de la avenida Paraguay".
El abogado, en un nuevo aniversario del doble homicidio, sacó a relucir la ley 3413 J de la Legislatura chaqueña que fue aprobada como parte de un acuerdo entre el gobierno provincial y la familia Encaje. Esta ley reconoce y garantiza los derechos de las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. También crea la figura del Defensor Público de Víctimas.
