Avanza la privatización del corredor vial que incluye al tramo chaqueño de la ruta 16

Con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 244/2925, el gobierno nacional que comanda Javier Milei avanzó en el proceso de privatización de la empresa Corredores Viales que tenía bajo su órbita 9000 kilómetros de caminos y hay preocupación ante la posibilidad concreta de que se produzcan "despidos masivos".

Cabe recordar que por esas rutas circula 80% del tráfico total del país, con lo cual el devenir del proceso de traspaso a manos privadas genera expectativas también fronteras afuera del Chaco.

En lo que hace estrictamente a la provincia, la privatización afectará al tramo de 176 kilómetros de la ruta nacional 16, que comienza en la parte correntina del puente General Belgrano y concluye en el empalme con la ruta 95, en Sáenz Peña.

LOS ARGUMENTOS

Entre los considerandos del instrumento, el gobierno afirma que se considera "prioritaria" la construcción de obras de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos con el objeto de asegurar la conexión de las distintas regiones del país de manera segura y previsible. "Para eso, se precisa la participación del sector privado", sostiene, y añade que "a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público, resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas".

Cabe recordar que el artículo 7° de la Ley Bases declaró "sujeta a privatización" a "Corredores Viales SA", empresa del sector público nacional que está bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

A la vez, el decreto 97/25, entre otras cuestiones, autorizó el procedimiento para la privatización e instruyó al Ministerio de Economía a adoptar las medidas tendientes a la "disolución y posterior liquidación de esa sociedad".

INTERVENCIÓN

Junto con la intervención, el instrumento publicado esta semana dispone la designación de María de los Ángeles Adem en la conducción de la empresa.

Si bien este es un paso esperable en el proceso, lo que puso en pie de guerra a los trabajadores es el inciso g) de las facultades atribuidas que habla de la posibilidad de "designar y remover a funcionarios y personal de la sociedad". La interventora deberá además realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención dispuesta; evaluar e informar sobre el estado financiero, su estructura orgánica y el funcionamiento en general de la empresa; y elaborar un plan de acción, reformulación y readecuación para la sociedad.