"No nos da vergüenza ni culpa la palabra represión"

   El gobierno se prepara para enfrentar una nueva marcha de jubilados este miércoles, coincidiendo con una sesión especial en el Congreso para tratar el DNU del acuerdo con el FMI. En un clima de tensión, el Ejecutivo anunció un fuerte operativo de seguridad y advirtió que aplicará el protocolo antipiquetes de manera estricta, incluso con represión si es necesario.  

Operativo de seguridad reforzado  

   Tras los incidentes ocurridos la semana pasada entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, el gobierno confirmó que no dará marcha atrás en su estrategia. "El Estado tiene el monopolio de la fuerza y va a hacer cumplir el protocolo antipiquete a rajatabla. Si hay delito, se va a reprimir", afirmaron fuentes oficiales.  

   Además, se implementarán operativos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires para impedir el ingreso de micros con manifestantes provenientes del conurbano. Sin embargo, reconocen que, si la marcha es masiva, podrían flexibilizar algunas medidas, como ocurrió en la marcha universitaria del año pasado.  

   En declaraciones contundentes, el entorno del presidente Javier Milei sostuvo que "no nos da vergüenza ni culpa la palabra represión. Creemos que reprimir el delito no es una opción, es una obligación". 

   La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió el respaldo de Milei y ratificó que no habrá sanciones para el gendarme que disparó el proyectil que dejó en grave estado al fotógrafo Pablo Grillo. "El fotógrafo no debía haber estado en el medio entre policías y manifestantes cuando la policía estaba disparando para dispersar", justificaron desde el gobierno.  

   También defendieron el accionar de un gendarme que golpeó a una jubilada, quien cayó al suelo y sufrió una herida en la cabeza. "La señora le estaba pegando con un bastón, y el policía reaccionó en defensa propia. En cualquier otro país, si alguien le pega a un policía, directamente le disparan", argumentaron.  

Críticas a la Justicia 

   El gobierno también cuestionó a la jueza Karina Andrade, quien liberó a más de 100 detenidos durante la manifestación del miércoles pasado. La acusaron de "kirchnerista" y presentaron una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y prevaricato.  La jueza había reclamado "acusaciones concretas" y "pruebas" para mantener a las personas detenidas. 

   En tanto, se espera que la marcha de este miércoles sea más masiva que la anterior, con la participación de centrales sindicales y otras fuerzas políticas y sociales. Estas organizaciones denunciaron excesos en el accionar policial durante los últimos operativos.  

   En un contexto de alta tensión, el gobierno reafirmó su postura de mano dura frente a las protestas, mientras las críticas por el uso excesivo de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos continúan creciendo. La marcha de este miércoles no solo será una prueba para las fuerzas de seguridad, sino también un termómetro del clima social y político en un escenario cada vez más polarizado.