Los gobernadores negocian individualmente con la Casa Rosada

La tragedia ocurrida en Bahía Blanca y la necesidad de reconstrucción de la ciudad (la Nación anunció un fondo de $200.000 millones) reactualizó el debate abierto entre los gobernadores y el presidente Javier Milei en torno a la obra pública.

La Rosada mantiene la decisión de que sean las provincias y los privados los que se encarguen de esas inversiones. Lo cierto es que, en los quince meses de gestión libertaria, algunos mandatarios avanzan con trabajos pero la dinámica está lejos de la que necesita la Argentina para ganar competitividad.

La Nación y las provincias firmaron acuerdos de transferencias de obras, pero son pocos los adelantos. El último anuncio, en ese sentido, fue el del cordobés Martín Llaryora que presentó la licitación para la finalización de dos tramos de la autopista en la ruta nacional 19 (Córdoba – San Francisco), clave para la producción y para la conexión del Mercosur, con una inversión de USD 153,9 millones y un plazo de ejecución estimado en 18 meses.

EL CASO CORDOBÉS

"Córdoba se hace cargo, Córdoba no abandona a los cordobeses", dijo el gobernador al hacer el anuncio, y aprovechar para marcar diferencias con la administración libertaria con base en la prosperidad de ese distrito que cuenta con ingresos suficientes del campo y la industria.

Planteó que, "con la finalización la ruta nacional 19, y con los cientos de kilómetros de las nuevas rutas que también estamos haciendo en la provincia, muchas de ellas rurales, Córdoba se consolida como una de las provincias con la mejor red vial de la Argentina".

Por otro lado, la Nación publicó en el Boletín Oficial que firmó los avales para que Córdoba tome USD 375 millones para financiar infraestructura.

También acordó garantías para CABA (USD 300 millones para expansión de su sistema de subterráneos); con Santa Fe (USD 555 millones para construcción y mejora de infraestructura económica y social); con Chubut (USD 145 millones para Optimización Regional Sur); con Salta (USD 200 millones infraestructura de saneamiento y tecnológica); con el Chaco (USD 120 millones iniciativas hídricas y viales) y por último con Neuquén renovó avales para USD 20 millones para finalización y puesta en marcha del Nahueve.

En un año electoral, como es el actual, los gobernadores apelan a su propia caja para ejecutar proyectos porque, en general, la obra pública funciona como un elemento de campaña. Con la Rosada, después del fracaso de contar con un presupuesto nacional, no les queda otra que la negociación individual.

Un trabajo de los economistas Marcelo Capello y Nicolás Cámpoli del Ieral de la Fundación Mediterránea aporta que la Argentina necesita incrementar "significativamente" su tasa de inversión, tanto privada como pública, hasta alcanzar 25% del PIB en los próximos años.