El gobierno promulgó la Ley Antimafias
La normativa aprobada por el Congreso en extraordinarias aumenta penas para quienes sean considerados "integrantes de organizaciones delictivas" vinculadas con el narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas. Generalizadas críticas.
El Poder Ejecutivo promulgó este lunes mediante el decreto 177/2025 la Ley de Organizaciones Criminales 27.786, que tiene por objeto "brindar al Estado herramientas en materia de investigación y sanción de organizaciones dedicadas al crimen"; uno de los principales puntos es la extensión de las penas.
Las organizaciones entendidas por esta ley son los "grupos de tres personas o más que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves".
En el Capítulo Asociación Ilícita del Código Penal se encuentra el artículo 210 ter donde se detallan los años de condena; la Ley promulgada trajo modificaciones en ese sentido: "Será reprimido con reclusión o prisión de ocho (8) a veinte (20) años el que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita dedicada a cometer cualquiera de los delitos".
En relación al decomiso anticipado la norma dispone que el/la juez/a de la causa, a pedido del Ministerio Público Fiscal, podrá "aún sin condena", decomisar cualquier bien que "presumiblemente sea producto de las actividades" ilícitas cuando existiera una sospecha fundamentada del origen.
Los juzgados federales en competencia criminal y correccional, según el territorio, serán los competentes para entender en los casos previstos de la Ley de las Organizaciones Criminales.
La norma entrará en vigencia al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, y en las disposiciones finales se invita a las provincias y a la CABA a adherir a la presente ley en sus actos procesales y de colaboración interjurisdiccional.
El decreto de promulgación lleva las firmas del Presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete Guillermo Francos.
Severas críticas
La denominada "Ley Antimafia" impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es objeto de críticas por parte de juristas y políticos, quienes cuestionan su efectividad y las implicaciones negativas para las garantías constitucionales.
Pedro Biscay, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), señaló que el proyecto no aborda aspectos fundamentales del crimen organizado, como el financiamiento ilícito de la política y la existencia de un sistema financiero clandestino. Además, advirtió sobre la penetración de las mafias en estructuras estatales, ejemplificando con casos como el encubrimiento de narcotráfico por parte del fiscal Julio Novo y el triple crimen de General Rodríguez.
La representación argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) solicitó al Senado que desestime el proyecto, argumentando que establece "zonas de investigación especial" que podrían alterar las reglas constitucionales que autorizan el estado de sitio.
Críticas de políticos y organizaciones
La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia expresó alarma por el proyecto, considerando que representa un serio riesgo para las garantías constitucionales y podría criminalizar a referentes políticos, sindicales y sociales.
Sectores de la oposición dialoguista han propuesto modificaciones al proyecto para limitar las atribuciones del Ministerio de Seguridad, buscando que las investigaciones que involucren a las provincias requieran la intervención de organismos locales y que los allanamientos cuenten con orden judicial.
En el derecho penal se requiere que las conductas estén descriptas de manera clara y precisa para evitar confusiones o libres interpretaciones. Pero la "ley antimafia define a una organización criminal de manera tan ambigua que podría incluir a un grupo de amigos tomando mate en una esquina, tachándolos como terroristas. Es absurdo", dijo la diputada Celeste Fierro (FIT-U), y completó: "Además, esta Ley carece de garantías para proteger las libertades democráticas fundamentales, como el derecho a la protesta. El objetivo de Bullrich, es atacar la lucha popular, no el crimen organizado. "
Estas críticas reflejan preocupaciones sobre el alcance y las posibles consecuencias de la "Ley Antimafia", especialmente en relación con el respeto a las garantías constitucionales y su posible eficacia en la lucha contra el crimen organizado.
