Avanza el proyecto de ley Antimafias
Con el impulso del oficialismo se dictaminaron también la regularización de armas de fuego y el régimen para el desarmado de automotores y venta de autopartes.
En una breve reunión, La Libertad Avanza, junto a sus aliados en el Senado (UCR y PRO), lograron el dictamen de mayoría para tres reformas impulsadas por el Ministerio de Seguridad: la ley Antimafias, la regularización de armas de fuego con prórroga del programa de entrega voluntaria y el régimen para el desarmado de automotores.
Ante la ausencia del peronismo en las comisiones, Oscar Parrilli (Unión por la Patria) fue el único de su bloque en solicitar la participación de dos especialistas, a lo que la presidenta de la comisión, Carolina Losada (UCR), respondió de forma tajante, señalando que ya hubo oportunidades para tales pedidos. Parrilli también propuso un cambio en el proyecto de armas, pero Losada sugirió que presentara un dictamen de minoría.
Ley Antimafias y regularización de armas de fuego
El régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado define como organización criminal a la asociación de tres o más personas vinculadas a delitos típicos de mafias y busca atemorizar a las autoridades o amenazar propiedades del Estado.
Penaliza a todos los miembros con la condena máxima por el delito más grave cometido y permite declarar "Zonas Sujetas a Investigación Especial" para detenciones preventivas de hasta 15 días, decomisos e intervenciones de comunicaciones.
La regularización de armas otorga 360 días para que los usuarios registren armas no legalizadas, con un incentivo de $57 millones. Además, se dictaminó una sexta prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas hasta 2028.
Finalmente, el proyecto de desarmado de automotores y venta de autopartes aumenta de 30 a 142 las piezas que pueden recuperarse y venderse de vehículos abandonados o decomisados.
Especialistas contra la ley Antimafias
Paralelamente a las opiniones de funcionarios, varios especialistas han manifestado su preocupación por la redacción de la ley Antimafias. En el Senado, Marcelo Seghini, director del Centro de Estudios en Defensa y Seguridad, sugirió incluir en la ley un enfoque integral sobre el consumo de drogas como un problema de salud pública, así como abordar la dimensión económica de estos delitos, como el lavado de activos y la infiltración del narcotráfico en las instituciones del Estado. Sin embargo, no recibió preguntas y sus recomendaciones no fueron incluidas en el proyecto.
Kevin Nielsen, vicepresidente de la Asociación de Pensamiento Penal, también cuestionó el alcance de la ley, señalando que esta abarca una amplia gama de delitos, no necesariamente asociados al crimen organizado. Según Nielsen, la ley podría extender la responsabilidad a cualquier persona que "coopere", abriendo la puerta a una "criminalización por arrastre" y a la discrecionalidad policial. Advirtió que la ley podría llevar a la criminalización desproporcionada de ciertos grupos, especialmente jóvenes, pobres y racializados, permitiendo detenciones preventivas en lugar de investigaciones previas.
Como alternativa, Nielsen propuso dos enfoques: atacar los engranajes que sostienen el crimen organizado, como la corrupción policial y el lavado de activos, o considerar la legalización para reducir la violencia en torno al mercado de drogas. Criticó que el proyecto actual siga focalizando la persecución en los eslabones más bajos de la cadena delictiva, sin abordar cambios estructurales en el sistema.
*Informe Fernando Brovelli.
