Piden a la Justicia que ordene al gobierno la entrega de medicación para niños con cáncer

   La Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, encabezada por Marisa Graham, presentó un amparo judicial para exigir la entrega de medicamentos de alto costo necesarios para tratar enfermedades complejas, incluidos tratamientos oncológicos infantiles. La medida busca contrarrestar la interrupción en el suministro que el Gobierno dejó de garantizar.  

  El recurso, presentado el pasado 2 de enero junto a la Asociación Civil Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) en el Juzgado Federal 2, enfrenta ahora una apelación del Gobierno. Esta acción judicial extenderá los tiempos de espera, agravando la situación de pacientes en estado crítico.  

   "Se trata de una medida cautelar para niñas, niños y adolescentes que requieren tratamientos esenciales y de alto costo", explicó Graham. Según la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, la falta de medicamentos ya ha causado 60 muertes en 2024.  

Impacto en los tratamientos 

   La interrupción en la provisión de medicamentos genera no solo demoras, sino también resistencias tumorales en pacientes que deben suspender sus terapias, además de dificultades para iniciarlas.  

   Roberto Navarro Guitart, jefe de servicio en el Hospital Infantil Municipal y especialista en hematología y oncología pediátrica, confirmó que la entrega de estos fármacos está prácticamente paralizada. "Hemos tenido pacientes con neurofibromatosis y otros problemas hematológicos que no recibieron medicación durante el año pasado. Algunos abandonaron el tratamiento, y en otros casos ni siquiera pudimos comenzarlo", detalló.  

El amparo y los argumentos del gobierno 

   El amparo presentado exige que el Estado resuelva en un plazo máximo de diez días los expedientes administrativos demorados y adecúe los trámites pendientes en un lapso de 20 días. Sin embargo, la respuesta oficial ha sido resistida mediante apelaciones.  

   Entre los argumentos del Ministerio de Salud se encuentra la supuesta falta de "legitimación activa" de las asociaciones de pacientes para sostener el amparo. Además, el Gobierno declaró que el Ministerio de Salud "no es el garante constitucional del derecho a la salud", sino un coordinador que transfiere la responsabilidad a las provincias.  

Cambio de organismo y medidas judiciales

   En medio de esta crisis, el Gobierno disolvió la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), organismo responsable de entregar estos medicamentos, y la reemplazó por la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic). Este cambio se implementó en el contexto de una medida cautelar dictada por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, quien ordenó la entrega urgente de los medicamentos retenidos. La justificación oficial para el retraso había sido la realización de "auditorías".  

   La continuidad de la crisis sanitaria pone en juego la salud y las vidas de cientos de niños, mientras la resolución del conflicto sigue siendo incierta.