Revocan la cautelar que bajó el pasaje y ahora volvería a $1150

El procedimiento por el cual se fijó una nueva tarifa del transporte público de pasajeros en el área metropolitana sumó un nuevo capítulo, que lejos de meterse en valores solicita que se aparte al juez del Civil y Comercial 21, Julián Flores. El magistrado dio lugar a una medida cautelar de la Defensoría del Pueblo sobre supuestas irregularidades en la audiencia pública que sirvió para validar una tarifa de 1150 pesos por cada viaje en colectivos en el Gran Resistencia.

Así, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial integrada por los jueces Diego Derewicki y Fernando Heñin entienden que el desempeño de Flores no fue el adecuado e incurrió en prejuzgamiento en esta instancia, lo que quita subjetividad para cuando tenga que definir el amparo.

"Surge claramente la falta de transparencia en el proceso de la audiencia pública y la omisión de información esencial, vulnerando los derechos constitucionales de los usuarios", señala un extracto en la cautelar que tuvo el visto bueno de Flores y una aseveración que primero toma la fiscal de Cámara y luego se hacen eco los camaristas para pedir el apartamiento del juez.

En concreto entienden que no hay elementos para declarar que las audiencias celebradas en septiembre en Resistencia y Barranqueras hayan sido irregulares y a la par consideran que tampoco tiene sustento la apreciación de Flores en el contexto de una medida cautelar, al considerar que no es la herramienta procesal en la que deban efectuarse consideraciones de esta naturaleza, más propias para el amparo que para una instancia anterior.

"No se alegan los elementos probatorios para sustentar y las manifestaciones plasmadas en la sentencia, que exhorbitan el marco cautelar y no se condicen con un ejercicio adecuado de la función judicial", señalan los camaristas en una afirmación que seguramente traerá polémica.

¿CUÁNTO PAGAR EL PASAJE?

Con lo resuelto por la Cámara de Apelaciones, la interpretación más cabal es que al revocarse la medida cautelar no existe el instrumento judicial que ordenó retrotraer el costo del pasaje; y, en paralelo, si no hay elementos para considerar que fueron ilegítimas las audiencias públicas, la Provincia estaría en condiciones de solicitar a la Nación Servicios que vuelva a calibrar las terminales de los ómnibus y el viaje vuelva a cobrarse 1150 pesos.

En la Defensoría del Pueblo entienden que los jueces no fueron al hueso del asunto que es el recurso de amparo y pidieron apartar a Flores para que sea otro magistrado el que deba expedirse sobre el asunto. Es decir, se dio una decisión que no era la esperada pero que el proceso sigue en pie y habrá que argumentar y batallar en la intención de que Flores continúe al frente a partir de una instancia de mediación que transita un cuarto intermedio hasta el próximo 10 de diciembre.